El Gobierno francés la emprendió ayer con el Consejo de Estado, el órgano al que consulta todos sus proyectos de ley por imperativo legal. El Ejecutivo reaccionó porque dicho organismo rechaza el proyecto de descentralización de Francia defendido por el primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, quien insistió en que lo mantiene. Uno de sus ministros, Patrick Devedjian, negó 'toda legitimidad democrática' al consejo, le acusó de dar opiniones 'más políticas que jurídicas' y le recordó que 'al Gobierno corresponde tomar responsabilidades políticas; y esto es lo que hará'.
La polémica enfrenta a un Gobierno neoconservador, pero partidario de dar más poder a las regiones, con un aerópago de juristas de tradición estatalista, al que le parece fatal eso de ponerse a descentralizar un país tan centralizado. El proyecto implica reformar la Constitución, que declara a Francia 'una república indivisible, laica, democrática y social', definición a la que se agregará que 'su organización es descentralizada'. El Consejo de Estado milita a favor de suprimir tan audaz añadido.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 12 de octubre de 2002