Si hacía falta alguna prueba sobre la política restrictiva del Gobierno del PP en materia de becas universitarias, el recorte de las llamadas becas de movilidad para el curso 2002-2003 -destinadas a facilitar el intercambio de alumnos entre centros universitarios- la brinda con creces. Más de la mitad de los 3.000 estudiantes que habían sido preseleccionados por sus respectivos centros para recibir este tipo de becas se han quedado sin ellas. A ello hay que añadir la manifiesta incuria administrativa de habérselo comunicado en vísperas del nuevo curso, inaugurado ayer por el Rey en la Universidad Pública de Navarra, con el consiguiente perjuicio para la programación de sus estudios. De nada sirve propugnar en textos legislativos o administrativos la calidad de la enseñanza -las becas de movilidad entre universidades fueron creadas hace tres años por este Gobierno con ese encomiable objetivo-, si luego se escatiman en los Presupuestos los medios económicos indispensables para conseguirla.
Se comprende el malestar que la decisión ha causado no sólo entre los estudiantes privados de beca, sino entre los centros universitarios que los habían preseleccionado para obtenerla. Hasta ahora esa preselección constituía el requisito esencial para obtener este tipo de ayudas. Que más de la mitad de los estudiantes preseleccionados se hayan quedado sin beca ha hecho dudar, además, de la transparencia de los baremos utilizados en su concesión. El Ministerio de Educación ha negado, naturalmente, que haya habido recorte alguno de becas y que los baremos de concesión no hayan sido transparentes. Pero, no menos naturalmente, las instancias universitarias niegan que hayan sido informadas de esos baremos y se muestran 'preocupadas' por el alto número de solicitudes rechazadas.
La política de becas es tan confusa en su conjunto -en cuanto a número, dotación presupuestaria y criterios de concesión- que, lógicamente, genera desconfianza. Los hechos dicen que, por primera vez, un número apreciable de alumnos universitarios preseleccionados por sus centros se ha visto defraudado en sus expectativas de estudio. Y ello se produce en un contexto de endurecimiento de los requisitos para la obtención de las llamadas becas compensatorias -las destinadas a estudiantes de familias con bajos ingresos-, lo que, según los rectores, se traducirá en que al menos 8.000 alumnos no dispondrán de esa ayuda en este curso, con el riesgo nada improbable de que algunos se vean obligados a dejar sus estudios.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 15 de octubre de 2002