El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite los recursos planteados por el Gobierno de José María Aznar contra las leyes electorales aprobadas en Castilla-La Mancha y Baleares para implantar la democracia paritaria en las candidaturas y suspende ambas normas, según el auto remitido al Congreso. Los parlamentos de ambas comunidades, gobernadas por los socialistas José Bono y Francesc Antich, respectivamente, aprobaron sendas leyes electorales que obligan a incluir igual número de mujeres y hombres de forma alternativa (listas cremallera) en las candidaturas.
El Gobierno central recurrió ante el Constitucional al entender que la introducción de discriminaciones positivas en razón de sexo son anticonstitucionales.
El Tribunal Constitucional acordó el martes tramitar los recursos y suspender ambas normas. No obstante, tiene que decidir en el plazo de cinco meses, si para entonces no hay sentencia, si prorroga o levanta la suspensión, con lo que la vigencia o no de las reformas habrá de resolverse antes de la presentación de candidaturas a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2003.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de octubre de 2002