Si los sindicatos mayoritarios, algunas administraciones públicas de primer orden y las principales organizaciones empresariales (caso del fraude de fondos públicos en relación con el Forcem), buena parte de los partidos políticos (no hay más que echar un vistazo a las hemerotecas) y sectores destacados de la Iglesia católica (asunto Gescartera, etcétera), lejos de servir de ejemplo social de honradez y moralidad e impulsar los valores democráticos, dañan los principios éticos más elementales en unos casos y, en otros, sencillamente tienen comportamientos delictivos, me pregunto si queda alguna institución pública significativa, nacida o renovada después de la muerte del dictador, que conserve aquel espíritu de cambio real y a la que puedan mirar las generaciones más jóvenes para empezar a sanear la España oficial, que falta le hace.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 18 de octubre de 2002