La empresa francesa Olabe Distribución, calificada por el Ministerio del Interior como una tapadera de ETA, volvió ayer a su actividad mercantil con normalidad. El presidente de la firma de Hendaya, Jean Louis Alcelay, negó cualquier relación con ETA y subrayó que su director general, José Antonio Zurutuza, acusado de participar en cinco asesinatos, estaba en su puesto "hablando con clientes y proveedores". Sin embargo, Interior insistió en que Olabe es una firma pantalla de la banda, añadió que tiene "una contabilidad encubierta" y explicó que el Gobierno pedirá la extradición de Zurutuza.
Alcelay explicó por teléfono desde las oficinas de Olabe que "en ningún momento" los 30 agentes que registraron la empresa en Hendaya "dijeron nada de relación con ETA". "Nos pidieron las cuentas de la sociedad de 1998 a 2001, contratos y documentos de la seguridad social", agregó. "Estoy desconcertado con el ministro del Interior y los medios de comunicación españoles que nos han vinculado a ETA. Niego cualquier relación, pero ya nos han matado económicamente", insistió.
Alcelay explicó que llevaba todo el día hablando con proveedores y clientes, al igual que su director general y dueño, según fuentes de Interior, del 50% de las acciones, José Antonio Zurutuza. "Está ahora frente a mí pero no quiere hablar con la prensa", explicó. Sobre el pasado del ex dirigente de los Comandos Autónomos Anticapitalistas (acusado de haber participado en cinco asesinatos y dos secuestros), el presidente de Olabe señaló: "Él es francés, tiene pasaporte francés y no se oculta. Trabajamos juntos pero no me interesa su historia".
Pese a la reapertura de la empresa, la libertad controlada de Zurutuza y el rechazo por parte de Alcelay de cualquier relación con ETA, Interior insiste en sus tesis: "Olabe Distribución es una tapadera de ETA y la operación es el primer ataque a las finanzas de la banda en Francia", aseguró un portavoz del ministerio. Según esta fuente, del primer análisis de los documentos incautados "se ve que la empresa tiene una contabilidad encubierta y transferencias de dinero raras. Además", agregó, "está claro que jefes y accionistas de Olabe son de ETA y van a seguir saliendo cosas sobre los viajes de Zurutuza a América o de la gestión impuesto revolucionario".
Interior considera que la empresa sigue abierta porque la operación fue llevada por "el juez y la policía económica francesa, que en estos casos no suele tomar medidas cautelares". La libertad bajo control de Zurutuza ofrece más dudas. La justicia francesa cree que como conciudadano no puede extraditarlo y, además, según la legislación del país vecino, los delitos de los que se le acusa han prescrito. Francia sólo aplica el plazo de 20 años de vigencia de los delitos de terrorismo desde 1995.
España rechaza la prescripción y estudia "las posibilidades legales" para que sea encausado en Francia, según anunció Mariano Rajoy, vicepresidente y portavoz, tras el Consejo de Ministros. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya ha iniciado los trámites para pedir la extradición de Zurutuza por los asesinato, en marzo de 1982, del delegado de Telefónica en San Sebastián, Enrique Cuesta (padre de la fundadora de Denon Artean, Cristina Cuesta), y su escolta, Antonio Gómez. También se va a pedir la entrega de Antonio Celaya y Ricardo Pujana, los únicos que siguen detenidos tras la operación.
Dichos asesinatos son los únicos que no han prescrito (lo harían en 2004) de las cinco causas abiertas en España contra Zurutuza. La mera presentación de la demanda de extradición prolonga por otros 20 años el plazo de caducidad del delito. Pero tiene otro efecto. Como, según la legislación española, tiene vigentes cuatro órdenes de detención internacional, el director general de Olabe podría ser detenido si sale de Francia, abundó Rajoy.
Mientras, los etarras del comando Andalucía Harriet Iragi y Jon Igor Solana fueron condenados ayer a 54 años de prisión cada uno, como autores del asesinato del fiscal jefe del Tribunal Superior de Andalucía, Luis Portero, ocurrido en Granada el 9 de octubre de 2000. También deberán indemnizar con 750.000 euros a la viuda y cuatro hijos del fiscal asesinado. Además, el Consejo de Ministro decidió ayer solicitar a Francia la extradición de los ya ex jefes militares de ETA José Antonio Olarra Guridi y Ainhoa Mujika Goñi por el asesinato de seis personas con un coche bomba que estalló en el barrio de Vallecas (Madrid), en diciembre de 1995, en el que también hubo 44 heridos..
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 19 de octubre de 2002