Una evaluación económica deberá acompañar a las enmiendas a la Ley de Calidad que presenten los grupos parlamentarios por si su coste conllevara un incremento en el gasto educativo. Lo dice el reglamento del Congreso y así se le ha pedido expresamente a los grupos políticos. La oposición socialista ha montado en cólera porque le pidió al Gobierno que consideraba 'imprescindible' que la Ley de Calidad vaya acompañada de una memoria económica y el Ejecutivo 'no ha querido presentarlo'.
'El Gobierno veta las enmiendas en función del gasto que suponen, pero no hace lo mismo con los artículos de la ley que ellos han redactado. Y el Congreso les ampara', resumió la responsable de Educación en la Ejecutiva socialista, Carme Chacón. '´La mayoría absoluta del PP arrodilla al Congreso a los pies del Gobierno. Se está debilitando la calidad democrática de una forma impresionante', dijo Chacón. 'No hay diferencia entre el poder legislativo y el ejecutivo', añadió.
Los socialistas consideran que el Gobierno tendrá también que decir si su ley incrementa el gasto. 'De no ser así, los tribunales darán la razón a los grupos parlamentarios en esta cuestión', afirmó el diputado Jaime Lissavetzky. El PSOE redactó una lista de artículos de la ley para pedir al Gobierno información económica sobre ellos, información que no han recibido.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 21 de octubre de 2002