El juez dejó ayer en libertad sin fianza pero acusados de desórdenes públicos a los cinco detenidos en Zaragoza como supuestos autores de los destrozos de la madrugada del domingo en el centro de la ciudad, durante una protesta por el horario de cierre de los bares. Pese a que su abogado, Pedro Carranza, reconoce que uno de los arrestados es empresario de bares negó que los propietarios de éstos estén relacionados con los disturbios.
Ayer el alcalde en funciones, Antonio Suárez, del PP, aseguraba que es el Gobierno de Aragón quien debe actuar pero desde el Ejecutivo presidido por el socialista Marcelino Iglesias se insistía en que nada solucionará modificar el horario de bares si no se aplican otras medidas.
Los que no están dispuestos a dialogar son los vecinos. Eduardo Laborda, portavoz de la asociación Casco Histérico, seguía ayer responsabilizando a los empresarios de los destrozos y era tajante: 'Lo que debe hacer el Ayuntamiento es aplicar la ley. Cerrar a quienes no tienen licencia en regla y multar a los que no respeten el horario. Nosotros no tenemos que dialogar con nadie'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de octubre de 2002