El archivo policial (ahora histórico) de Salamanca, no fue el único que funcionó para detener a quienes el régimen político no toleraba. Cualquier Jefatura de la Dirección General de Seguridad (¿la seguridad de quiénes?), o los sótanos de los juzgados provinciales servían para almacenar libros, publicaciones, correspondencia, etcétera, que jamás han sido devueltos a sus propietarios.
Sobre esta documentación trabajaron falangistas, la brigada político social, los TOP (Tribunales de Orden Público, 1963-1977), aplicando la ley de peligrosidad social entre otras leyes con la misma facilidad y dureza con que hoy en día te pueden acusar de terrorismo, entrar en tu casa con orden judicial, robarte lo que quieran sin que firmes nada, ni puedas reclamarlo tan siquiera. ¿Existe un 'estado de derecho democrático' dentro de la paranoia antiterrorista a la que nos quieren someter convenciéndonos de que llevan la razón?
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 23 de octubre de 2002