La Ley Financiera ha dado sorpresas hasta el final. A través de una enmienda de última hora en el Senado presentada por CiU, a la que se sumaron el PP y los socialistas, se aprobó que las autonomías puedan designar una parte de los consejeros generales de las cajas de ahorros. El texto de la enmienda aprobada por la Cámara alta, es poco preciso y señala literalmente: "La representación de los intereses colectivos en la asamblea general se llevará a efecto mediante la participación de, al menos, los grupos siguientes": impositores, municipios, entidades fundadoras y empleados.
La frase "al menos" es la novedad del texto y abre la vía para que las autonomías puedan decidir un nuevo grupo de vocales en los consejeros generales, según dijeron a este diario el senador del PP, Juan Pablo Sánchez-Seco y el de CiU, Sixte Cambra. PP y CiU recordaron que la posibilidad de que las autonomías decidieran una parte de los consejeros generales de las cajas figuraba en un texto anterior, que discutió el Congreso pero que no prosperó. Algunas comunidades como Valencia y Andalucía ya se han decidido a designar, a través de los parlamentos regionales, una parte de los miembros de las asambleas generales. La diferencia a partir de ahora es que esta facultad queda reflejada en la ley estatal de cajas.
Los consejos generales de las cajas de ahorros se nombran por las asambleas, equivalentes a las juntas de accionistas de las empresas. Tienen entre 60 y 160 vocales y son quienes proponen a los miembros de los consejos de administración.
Como estaba previsto, la Ley Financiera quedó aprobada ayer con otros cambios que afectan a las cajas: los consejeros deberán tener menos de 70 años en el momento de su elección, sus mandatos serán por un máximo de 12 años y sus cargos serán irrevocables durante el tiempo que dure su mandato. Se establece también que las entidades públicas no puedan tener más del 50% de los votos en los órganos de gobierno.
La limitación de edad aprobada ayer por el Senado impedirá al presidente de La Caixa, Josep Vilarasau, optar a la reelección durante el primer semestre del año que viene. La norma empezará a regir desde principios de noviembre cuando la ratifique el Congreso.
Aún así, las comunidades autónomas pueden regular en contra del límite de edad, por lo que Vilarasau, que tiene 71 años, sólo podrá optar a la reelección si el Gobierno catalán, propone al Parlamento catalán que no rija el límite de edad en Cataluña. Los socialistas catalanes han propuesto que sean las entidades las que lo decidan en en sus estatutos.
Aunque el Gobierno de Jordi Pujol guarda silencio sobre sus planes, fuentes del Ejecutivo catalán dicen que en estos momentos la balanza se inclina por no legislar hasta la próxima legislatura y dejar que entre en vigor la ley estatal aprobada ayer. La idea de aplicar un límite de edad en las cajas fue de CiU, que se la propuso al PP para que la introdujera como norma de obligado cumplimiento, según medios del PP.
Las cajas también podrán capitalizarse emitiendo cuotas participativas, una especie de acciones sin voto cuyos titulares tendrán derecho a retribución, pero no gozarán de derechos de voto. Las cajas podrán emitir estos títulos hasta el 50% de sus fondos propios y ningún inversor podrá tener más del 5%, es decir, el 2,5% de los fondos propios totales. La izquierda, integrada por los socialistas, Izquierda Unida y la Entesa -formada por la izquierda catalana- está en contra de las cuotas participativas porque temen que sea el caballo de Troya que inicie de la privatizacion de las cajas, según dijeron ayer los senadores socialistas Segundo Bru y Mercedes Aroz, y el de IU, Manuel Cámara. El portavoz del PP, el senador Damián Caneda, negó que se busque una privatización y resaltó que los propietarios de estos títulos no podrán ejercer derechos políticos o de voto en las cajas.
La Ley aprobada ayer también contempla medidas de transparencia financiera, de protección de los inversores y para los auditores (ver cuadro). Esta ley es hija del caso Gescartera, ya que el Gobierno se apresuró a redactar medidas de transparencia y control de las entidades de inversión cuando estalló este caso en el verano de 2001, en el que resultaron perjudicados cientos de inversores en toda España.
La mitad del sector
La Ley Financiera no pasará desapercibida en el sector. Las cajas de ahorros ya suponen la mitad del sector financiero español. Estas entidades de ahorro no han parado de ganar cuota de mercado a los bancos en los últimos 12 años. A finales de los ochenta recibieron la autorización para abrir oficinas fuera de su comunidad de origen y desde entonces no han cesado en su expansión.Según las últimas cifras del Banco de España, las cajas suman 19.848 oficinas frente a las 14.817 que tenían los bancos al cie-rre del ejercicio pasado.
Ahora controlan el 43,6% de los préstamos que se conceden en España. El Banco de España les concede una cuota de mercado global, de pasivo y activo, del 51,6%, después de que los bancos hayan perdido 3,2 puntos de cuota de mercado desde 1998, pasando del 51% al 48,4%. La fusión del SCH y del BBVA ha sido un balón de oxígeno para aumentar su cuota.
Sin embargo, la polémica les ha acompañado. El hecho de que las cajas puedan comprar bancos y éstos no adquirir cajas ha sido polémico. El último que resaltó este problema ha sido Luis Ángel Rojo, ex gobernador del Banco de España, quién dijo que la situación 'no es lógica'.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 24 de octubre de 2002