El Gobierno cuestionó ayer la decisión de la juez Ruth Alonso de conceder la libertad condicional al preso de ETA Félix Ramón Gil Ostoaga tras permanecer encarcelado sólo 13 de los 298 años a los que fue condenado por seis asesinatos. El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, reprochó a la juez del Bilbao que hubiese decidido la excarcelación sin pedir la opinión de la Junta de Tratamiento de la prisión de Nanclares de la Oca (Álava), en que se encontraba el recluso. Según Rajoy, es "lo habitual en estos casos". Los jueces consultados por EL PAÍS lo desmienten.
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La Junta de Tratamiento de una cárcel la forman el subdirector de la prisión, el psicólogo, el sociólogo, el jurista criminólogo, el educador y el médico. Al menos cada seis meses examina la situación de cada preso y propone un grado de clasificación y tratamiento. La propuesta no es vinculante e Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, resuelve. Puede tomar resoluciones contrarias a las de la Junta de Tratamiento.
Si un preso recurre contra la decisión de Instituciones Penitenciarias ante el juez, éste puede pedir informes individualizados a los profesionales técnicos de la cárcel, como hizo la juez Ruth Alonso en el caso de Ostoaga.
El Consejo de Ministros aprobó ayer remitir dos anteproyectos de reforma de la Ley del Poder Judicial y de la Ley de Demarcación y Planta Judicial al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado. Las reformas permitirán crear un Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria dependiente de la Audiencia Nacional. Este proyecto figura dentro del Pacto por la Justicia, pero su puesta en práctica se ha acelerado a raíz de la excarcelación de Ostoaga.
Rajoy dirigió ayer un severo reproche a la juez Ruth Alonso, salvando sólo en la apariencia la norma oficial del Gobierno de no opinar sobre las decisiones judiciales. El vicepresidente, que ayer presidió el Consejo de Ministros en ausencia de José María Aznar, aclaró que se iba a limitar a ofrecer una serie de "hechos" que constituían supuestas pruebas de la actuación anómala de la juez.
Buen comportamiento
El primer reproche del portavoz del Gobierno a Ruth Alonso fue que "en lugar de pedir informes a la Junta de Tratamiento de la prisión de Nanclares de la Oca (Álava), que es lo que se hace habitualmente, lo normal, se lo pidió a cuatro funcionarios". Esos cuatro funcionarios forman, entre otros, la Junta de Tratamiento. Y en sus informes valoraron el buen comportamiento del preso y su compromiso con la vía del diálogo en Euskadi.
Rajoy recordó que la Junta de Tratamiento de la prisión denegó el tercer grado del recluso cuando lo pidió en abril. Según fuentes jurídicas conocedoras del caso, el recluso no pidió en abril su ascenso al tercer grado sino que fue la Junta de Tratamiento la que, de oficio, lo clasificó en segundo grado.
Rajoy explicó después que los informes que la juez pidió a los cuatro funcionarios fueron "individuales y sobre cuestiones puntuales y concretas". Precisó que "ninguno de los cuatro funcionarios" se mostró favorable, en su informe, a conceder el tercer grado a Gil Ostoaga. "Dijeron", añadió Rajoy, "que el pronóstico de reinserción social es favorable, dado que posee capacitación profesional, acogida familiar y mantiene una buena relación con su familia de origen y la adquirida". Y culminó: "Pero también dicen los informes que es un interno distante con los funcionarios, que se relaciona con sus compañeros de ETA, frío, calculador, reservado...".
El subdirector de la cárcel escribió en su informe: "De cara al futuro, el interno desea retomar su vida en libertad para normalizar su relación con sus hijos y resto de familiares. Necesita una nueva vida que satisfaga las carencias o lagunas afectivas que en estos momentos padece". Rajoy considera que eso no significa que se mostrase a favor de la concesión de la libertad condicional.
El vicepresidente aprovechó la conferencia de prensa para anunciar que la juez Ruth Alonso había excarcelado el pasado lunes, con la concesión del tercer grado, a otro preso de ETA, José Ramón Basauri Pujana, en un auto fechado el 10 de octubre.
Basauri Pujana llegó a España extraditado por Francia el 4 de marzo de 1987 y fue condenado en junio de 1989 a 18 años de cárcel por el asesinato de Luis Domínguez Jiménez, funcionario del Ayuntamiento de Bergara (Guipúzcoa). Rajoy anunció que la Fiscalía General del Estado había recurrido, ayer mismo, esta decisión judicial.
El vicepresidente del Gobierno siguió con su censura a la juez al recordar que, con esta nueva decisión judicial, ascienden a 16 los recursos que los tribunales han interpuesto contra sus resoluciones sobre el pase a tercer grado de los presos etarras. De los 16 casos de puesta en libertad de presos etarras, y que la fiscalía ha recurrido en su totalidad, se han resuelto nueve, seis en la Audiencia de Vizcaya, que le ha dado la razón a la fiscalía, y tres en la Audiencia de Guipúzcoa, que le negó la razón a la fiscalía en dos ocasiones y se la dio en una.
Además de Basauri Pujana y de Gil Ostoaga, la juez Ruth Alonso ha concedido el tercer grado a Vicente Sagredo Rivas, Juan Alfredo Zapirain Romando, Ainhoa Crespo Igarreta, Mikel Zumarraga Luzuriaga, Ander Mitxelena Galarza, Mikel Guerrero Gallastegi, Mikel Gotzon Alonso Inzurza, Iñigo Unzalu Pueyo, Manuel Legarretaetxabarria Gamboa, Pedro Navarrete Gil, Francisco Javier Etxebarria González, Juan Francisco Gómez López y Mario Francisco Ronco González.
Denuncia del Poder Judicial
También recordó Rajoy que la fiscalía se dirigió ayer al Consejo General del Poder Judicial para denunciarla por segunda vez por una posible falta disciplinaria a causa de esta nueva concesión de tercer grado a un preso etarra. En la primera ocasión, el Poder Judicial desestimó el escrito de la fiscalía, que pretendía que se revisase la decisión de la juez Alonso por "autorizar a un miembro de ETA que estaba en prisión a pasar las vacaciones en México".
Rajoy justificó la decisión de crear un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria dependiente de la Audiencia Nacional en aras de unificar criterios, ya que es esta institución judicial la que instruye y juzga determinados delitos, especialmente el terrorismo, y luego son otros jueces los que controlan la ejecución de las sentencias. "Hasta el momento presente, este control se hacía con arreglo a criterios diferentes según los distintos juzgados de vigilancia penitenciaria que hay en la práctica totalidad de las provincias españolas. Ahora se ha considerado conveniente la creación de un único juzgado para que haya también un tratamiento único", aclaró el portavoz del Gobierno.
"Este proyecto tiene todo el sentido para abordar de una manera global los aspectos judiciales de la lucha contra el terrorismo y otros delitos", señaló Rajoy, que, sin embargo, no explicó las razones por las que el Gobierno ha decidido acudir al procedimiento parlamentario excepcional de la urgencia en este caso.
El portavoz del Gobierno también admitió que no descarta la modificación del reglamento penitenciario para limitar la discrecionalidad en la concesión de terceros grados a determinados presos. "No es un tema que figure, en estos momentos, entre las prioridades del Gobierno, pero tampoco hay que descartar que se pueda hacer. Pero siempre, en este tipo de temas, tiene que existir una cierta discrecionalidad, bien por parte de la Administración Penitenciaria o del juez de vigilancia penitenciaria".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 26 de octubre de 2002