El PP andaluz pedirá a través de sus representantes en los consejos de administración de las cajas de ahorro que se recurra la decisión de la Junta de encargar la inspección de estas entidades a una auditoría externa porque supone el 'incumplimiento' de tres leyes sobre entidades financieras.
En un comunicado, el secretario general del PP, Antonio Sanz, insiste en que el encargo de la Consejería de Economía a una auditoría externa de la labores de inspección de las cajas andaluzas es ilegal y sitúa a Andalucía como la 'única comunidad que se ha saltado la ley'. Según el PP, en concreto se incumplen la Ley de Auditorías de Cuentas, la Ley de Disciplina e Intervención de Entidades de Crédito, y la LORCA. Esta última establece que 'se realizarán las competencias en materia de disciplina e inspección mediante convenio entre el Banco de España y las comunidades autónomas'.
El dirigente del PP reprocha a la Junta que no haya hecho como otras comunidades como País Vasco y Cataluña que, al no tener cuerpo de inspectores propios, han firmado convenios con el Banco de España, como marca la legislación, apunta. 'La insumisión del Gobierno de Chaves y de la consejera de Economía les hace actuar en contra de sus propias leyes', denuncia Antonio Sanz, quien reiteró que Magdalena Alvarez 'se ha convertido por sus propios méritos en todo un peligro para el sistema financiero andaluz, al que concibe como su cortijo particular'.
Emplazó al presidente andaluz a que rectifique la decisión de la consejera sobre la autorías de las cajas y alertó de la situación de inseguridad y falta de garantía para los impositores que genera la decisión de la Junta porque se da información confidencial de los clientes a una empresa privada. Según el dirigente del PP, el concurso convocado por la consejería de Economía en el BOJA del 19 de abril de 2002 sobre servicios de consultoría y asistencia en la realización de labores de inspección contradice el pliego de prescripciones técnicas del contrato, que alude a la prestación de servicios a los cuerpos consultores para la realización de inspecciones.
Con esto queda claro, según Antonio Sanz, que 'se están extralimitando en sus funciones' los auditores privados, y criticó la 'coacción' de la Junta a los presidentes de las entidades para 'evitar disidencias' en este asunto. La consejera de Economía, Magdalena Alvarez, defendió ayer la legalidad de las inspecciones de las cajas de ahorro porque las hacen funcionarios de la Junta auxiliados por auditores privados.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de octubre de 2002