El fiscal jefe de la Audiencia de Cádiz, Isidoro Hidalgo, afirmó ayer que la decisión del PP gaditano de solicitar al Ministerio de Justicia que impida la segregación del caso Manzanilla, en el que están imputadas más de 140 personas presuntamente relacionadas con el narcotráfico, puede haber surgido con 'fines electorales'. 'Desde el Ministerio no se nos ha dicho nada, ni creo que nos lo vayan a decir', dijo Hidalgo.
La Audiencia de Cádiz dictó un auto el pasado 3 de octubre en el que asumió la petición de la Fiscalía de dividir la instrucción de este caso en 15 juzgados distintos por entender que no se investiga una sola red de narcotraficantes, sino varias. Esta decisión ha sido contestada desde entonces por agentes sociales y políticos. El diputado popular Aurelio Sánchez pedirá a la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado que recurran el dictamen de la Audiencia gaditana por entender que de esta manera los imputados se enfrentarán a penas menores y se 'libran' de la acusación de asociación de malhechores que podría suponerles penas muchos más duras.
La diputada del PSOE por Cádiz, Carmen Romero, criticó también la iniciativa del PP. 'Las actuaciones del fiscal deben ser explicadas jerárquicamente y un diputado no puede corregir a una autoridad judicial', dijo Romero, quien anunció que pedirá comparecencias en las cámaras.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 29 de octubre de 2002