Dos informes del Consejo Consultivo de la Generalitat de Cataluña y de los letrados del Ejecutivo catalán avalaron en 1985 la constitucionalidad y, por tanto, la potestad del Gobierno central de disolver los ayuntamientos que atenten contra "los intereses generales" del Estado y que "incumplan sus obligaciones constitucionales". En contra de este criterio, Convergència i Unió (CiU) reivindica ahora para la Generalitat esta competencia y amenaza con llevar al Constitucional la propuesta pactada entre PP y PSOE que prevé la disolución de aquellas corporaciones que amparen o justifiquen el terrorismo.
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La Ley de Bases de Régimen Local, de 1985, establece en su artículo 61 que el Consejo de Ministros, previa autorización del Senado, podrá proceder "a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga el incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". PP y PSOE han pactado la reforma de esta ley para incluir dentro de estos supuestos graves el apoyo reiterado al terrorismo por parte de un ayuntamiento.
Durante el trámite de la Ley de Régimen Local en el Congreso, CiU votó en contra de numerosos artículos, entre ellos el 61, al entender que invadían competencias del Gobierno catalán. Por este motivo, en 1985 el Parlamento de Cataluña y el Ejecutivo de Jordi Pujol recurrieron la ley ante el Tribunal Constitucional, para lo cual solicitaron el preceptivo informe al Consejo Consultivo de la Generalitat. Este organismo -equivalente catalán al Consejo de Estado- examinó la totalidad de la ley y en sus conclusiones no consideró inconstitucional el artículo 61, por lo que no fue incluido en los recursos que presentaron el Parlamento y el Gobierno catalanes. Estos recursos afectaban a otros 23 artículos de la ley.
En el escrito que los letrados de la Generalitat presentaron entonces ante el alto tribunal se reconoce al Ejecutivo catalán la potestad para controlar los acuerdos municipales, menos los que afecten a los "intereses generales de España".
A pesar de estos dos informes en contra, el portavoz de CiU en el Congreso, Xavier Trias, insistió ayer en reclamar para el Gobierno catalán la potestad de disolver ayuntamientos, amparándose en las enmiendas que en su día se presentaron contra la Ley de Bases de Régimen Local. Fuentes nacionalistas reconocieron que CiU carece de informes legales que avalen su tesis y que la decisión de la cúpula de la federación de recurrir ante el Constitucional se tomó más con criterios políticos que legislativos. No en vano, el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida, ya manifestó el lunes: "Somos libres de hacer lo que queramos en cada momento político". Y en este momento preelectoral, CiU se esfuerza por distanciarse del PP, su aliado en Cataluña durante seis años.
El problema, admiten fuentes de CiU, se presentará si el Gobierno catalán decide finalmente recurrir la ley de seguridad de los concejales ante el Constitucional, ya que entonces necesitará el informe preceptivo del Consejo Consultivo. Y éste ya consideró competente al Gobierno central.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 30 de octubre de 2002