El fiscal David Martínez propuso, en un escrito dirigido ayer al juez Baltasar Garzón, que la operación de fondos de inversión creados en marzo de 2000 por valor de 19,2 millones de dólares (unos 3.500 millones de pesetas) a favor de Emilio Ybarra y otros 21 ex directivos (18 consejeros, un ex consejero, Rodolfo Molinuevo y Luis Bastida) del antiguo Banco Bilbao Vizcaya (BBV) sea juzgada por separado como un delito de apropiación indebida. El fiscal propone desglosar dicha operación de las investigaciones en curso, para incoar un procedimiento abreviado y solicitar a las partes personadas que califiquen.
"Las diligencias de investigación permiten afirmar", sostiene, "que la creación clandestina de sendos fondos de inversión a favor de Emilio Ybarra y otros consejeros del BBV por un importe de 19,2 millones de dólares debe ser objeto de enjuiciamiento por la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al haberse ya determinado la naturaleza y circunstancias del hecho, constitutivo de un delito de apropiación indebida, así como las personas responsables".
Según el escrito, "las declaraciones de los inculpados no han aportado elementos de descargo sólidos", en referencia a los ex consejeros beneficiarios. El escrito subraya que los fondos contratados con American Life Insurance Co. (Alico) se hicieron "a espaldas de los consejeros de Argentaria". El 27 de marzo de 2000, recuerda, se transfirió 19,2 millones de dólares a una sociedad de Niue, paraíso fiscal de la Polinesia.
Según el escrito, Emilio Ybarra, Luis Bastida, Rodolfo Molinuevo y José María Concejo actuaron como "ejecutores". Señala que otros 18 beneficiarios "prestaron consentimiento a que tales retribuciones -que además de indebidas eran clandestinas- les fueran abonadas a través de paraísos fiscales con el fin de que permanecieran ocultas a la Hacienda Pública, siendo regularizadas sólo después de que la operación fuera finalmente descubierta, si bien antes de la incoación del procedimiento penal".
El dinero, dice el fiscal, se devolvió, pero "ello obedeció no a la propia y espontánea voluntad sino que tras revelarse su ilícito actuar, restituyeron dichos fondos once meses después de hacerse con ellos".
Los únicos dos beneficiarios que el fiscal exculpa son Federico Lipperheide y Juan Manuel Zubiría, que ya no eran consejeros en marzo de 2000.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 31 de octubre de 2002