Suprimir el 20% de los ingresos de los Ayuntamientos y cargar a las comunidades autónomas la factura. Puede que la famosa 'segunda descentralización', al final, consista en eso. Si hay que hacer caso del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, la merma causada al eliminar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que grava al contribuyente sin ajustarse a los beneficios obtenidos, será compensada con la participación municipal en la cesta de impuestos parcialmente cedidos (un tercio de los del Estado) a las administraciones autonómicas (IRPF, IVA e impuestos especiales). La cosa, de todas maneras, no está clara, lo que hace más llamativa la prisa del PP por eliminar una figura impositiva especialmente antipática que Aznar ya prometió derogar en el programa electoral de 1996. Aunque ha transcurrido una legislatura y media, con informes de expertos que sugerían nuevas tasas municipales, como las que se aplicarían a empresas eléctricas, de gas o de telefonía móvil por el uso del espacio público, el proyecto de ley de reforma de las finanzas locales elude precisar nada, porque nada se ha negociado y el IAE ha de servir una vez más de arma electoral ('menos impuestos, más seguridad'), ahora que los populares tienen a los socialistas de Rodríguez Zapatero pisándoles los talones. El uso demagógico de la medida de cara a los próximos comicios municipales induce a escamotear las compensaciones previstas a la supresión del IAE porque, sin duda, traerán polémica. Ante el último congreso nacional de su partido, Rita Barberá, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), se jactó de 'la intensificación del diálogo con el Gobierno' para culminar 'pronto y bien' un acuerdo de financiación. El viernes pasado, la Federació de Municipis de Catalunya, de mayoría de izquierdas, pidió la dimisión de Barberá por su 'sumisión' al Ejecutivo y su actitud 'totalmente pasiva' frente a la nueva normativa al no haber convocado a los órganos de gobierno de la FEMP. Alguien añadió que Barberá 'en vez de actuar como representante de los municipios, lo hace como comisaria política del Gobierno del PP'. ¿Quién? ¿La alcaldesa de Valencia? No puede ser.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 4 de noviembre de 2002