El juicio civil que determinará las indemnizaciones que debe recibir la familia de Klara García, asesinada a mano de dos compañeras de instituto en 2000 cuando tenía 16 años, quedó ayer visto para sentencia en el juzgado de menores de Cádiz después del análisis de la sentencia penal, la declaración de los peritos y las manifestaciones del padre de la víctima, José Antonio García, en los medios de comunicación.
Los padres de Klara revivieron la 'angustia y el dolor' por el crimen de su hija y denunciaron que el juez de menores les impidiese la entrada en la sala mientras declararon una de las condenadas, Raquel C.T., su madre y la madre de la menor de las asesinas.
Iria S.G y Raquel C.T., de 19 y 20 años en la actualidad, respectivamente, fueron condenadas en marzo del 2001 a ocho años de internamiento en un centro cerrado de menores y a cinco años más de libertad vigilada, que es la máxima medida correctora que prevé la nueva Ley de Responsabilidad Penal del Menor por asesinato y conspiración al asesinato. Las condenadas confesaron ante la policía y el juez instructor que el 26 de mayo del 2000 engañaron a la víctima para conducirla al descampado de El Barrero, en San Fernando (Cádiz) donde le seccionaron parcialmente el cuello y le asestaron 23 puñaladas. Las asesinas declararon que cometieron el crimen para 'experimentar que es lo que sentía' y porque querían hacerse 'famosas'.
Los padres de la joven asesinada han solicitado una indemnización económica de 721.000 euros, según explicó su abogado, José Ignacio Quintana. 'Es una cifra estimativa, una valoración por el asesinato y por las responsabilidades civiles de Iria y Raquel en las repercusiones psicológicas de los familiares de la fallecida', dijo.
José Antonio García reiteró ayer sus críticas hacia la nueva Ley del Menor, a la que tildó de nuevo de 'injusta y lamentable', que separa el procedimiento penal del civil. 'Lo que provocan así es prolongar y agudizar nuestra angustia porque nosotros no queremos indemnizaciones. Queremos que se haga justicia, algo imposible con esta nueva ley lamentable', denunció García, quien se ha caracterizado desde la muerte de su hija por condenar los preceptos de la nueva Ley.
El padre de Klara volvió a expresar su malestar porque el juez no les permitiese, al igual que en el juicio penal, acceder por la mañana a la sala mientras una de las asesinas de su hija se encontraba dentro. 'Nuestra intención era participar en el proceso judicial. Nosotros hemos venido al juicio civil con el deber moral de ver sentados a las asesinas y a sus familiares en el banquillo y no hemos podido porque unas vez más nos coartan los derechos que tenemos como víctimas', lamentó García.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 6 de noviembre de 2002