Izquierda Unida ha presentado una proposición de ley en el Congreso en la que, entre una serie de medidas para hacer más rígido el régimen de incompatibilidades, pide que los ex ministros que sean diputados no puedan cobrar a la vez la pensión que les corresponde y el sueldo de parlamentario.
Los ministros, cuando dejan de serlo, tienen derecho a cobrar durante un máximo de dos años una pensión. Pero los que son diputados, y vuelven por tanto a su escaño, compaginan esta retribución con el sueldo de parlamentario. En la situación de ex ministros con menos de dos años fuera del Gobierno se encuentran actualmente tres diputados: Jesús Posada, ex ministro de Administraciones Públicas; Juan Carlos Aparicio, ex responsable de Trabajo, y Celia Villalobos, que dirigía el Ministerio de Sanidad hasta la última remodelación, en julio de este año, que les dejó a los tres fuera del Ejecutivo.
Antes hubo otros muchos ex ministros en esta situación, pero han cumplido los dos años y por tanto, si siguen siendo diputados, ya sólo cobran sus sueldos como parlamentarios.
La iniciativa de Izquierda Unida también propone otras novedades para endurecer la normativa contra las incompatibilidades. La exposición de motivos asume que la legislación vigente es 'más que aceptable' pero añade que hay que endurecerla porque los 'últimos escándalos' demuestran que el PP 'no es capaz de garantizar ni el más mínimo nivel de respeto' a las normas actuales.
Entre las propuestas de IU, la principal es que todos los diputados y senadores ejerzan en régimen de dedicación exclusiva su labor. Sólo en el Congreso hay 53 personas -de los 350 parlamentarios de la Cámara baja- a los que la Comisión del Estatuto del Diputado ha permitido compaginar esta actividad con otros trabajos en empresas privadas.
IU también pretende establecer un apartado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que no puedan producirse situaciones como la de Fernado López Amor y Francisco Antonio González, diputados del PP, que pretendían, hasta que saltó el escándalo y renunciaron, asesorar a empresas relacionadas con asuntos que habitualmente tratan en el Congreso. La proposición de IU impediría esas labores de asesoría 'que impliquen colisión' con el trabajo legislativo 'con independencia' de que esas actividades sean o no retribuidas.
La iniciativa de IU también propone, como ha hecho el PSOE en la última semana, crear una Agencia Estatal de Vigilancia en Materia de Incompatibilidades, que podría incluso administrar de forma temporal las participaciones de diputados, senadores o altos cargos en empresas que tengan relación con las administraciones públicas. La iniciativa prevé además que ningún alto cargo de la Administración pueda realizar actividades privadas de ningún tipo, sean o no retribuidas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 7 de noviembre de 2002