Los gibraltareños iniciaron ayer un viaje a ninguna parte con la consulta popular para rechazar 'cualquier modelo de soberanía compartida' entre Madrid y Londres. Es una consulta sin valor legal. Y se refiere a una solución que ni siquiera ha sido aún pactada por los gobiernos británico y español. Los dos principales agitadores de este referéndum, el ministro principal, Peter Caruana, y el jefe de la oposición, Joe Bossano, deben responder ahora a una pregunta: ¿y ahora qué?
Ha sido una consulta engañosa, que esconde la idea de que Gibraltar puede optar a la independencia o al statu quo. Y no es así. Lo primero va en contra de la letra del Tratado de Utrecht, que no admite ambigüedades a pesar de su antigüedad de 300 años: en caso de cambiar de manos, el Peñón volvería a la soberanía española. Mantenerse como está tampoco es posible. El Peñón se ha convertido en un paraíso fiscal, del que se benefician buen número de españoles, y que exige una reforma en profundidad, tanto según la UE como la OCDE. El milagro de estos años, con unas cuentas públicas que esconden las autoridades del Peñón, tiene oscuras raíces. Los gibraltereños han votado sin saber lo que estaban rechazando. Pueden promover ahora una reforma de la Constitución, que el Reino Unido no debería permitir y que iría aún más en contra de los intereses españoles que la actual. Y poco más.
Pero el resultado de la consulta no puede ser ignorado. Ningún Gobierno español, ni éste ni los precedentes, ha hecho un esfuerzo suficiente para que la co-soberanía o la integración del territorio en España resulte una perspectiva atractiva para los habitantes del Peñón. Londres, en un gesto no exento de cinismo si se recuerda que nadie pidió su opinión a los habitantes de Hong Kong antes de revertir la colonia a China, se ha comprometido a tener en cuenta 'los deseos' de los gibraltareños. La consulta de ayer agudiza el problema de opinión pública que tiene Londres en el Peñón y en el Reino Unido para alcanzar un acuerdo razonable con España.
Hay aún problemas objetivos en la negociación, y desde Madrid parece haber menos prisa, porque se siente que la eventual solución de Gibraltar agitará el espectro del derecho de autodeterminación y también las reivindicaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 8 de noviembre de 2002