Pregunta. Cuando salió a la luz la póliza de Castillejo, usted no tuvo reparos en opinar que era una indemnización, algo que la Ley de Cajas prohíbe. Con los datos que se han ido conociendo esta semana, ¿ha cambiado de opinión?
Respuesta. Me reafirmo, diría que se trata de una indemnización. Y la nota que envió Cajasur en la que se consideraba a Castillejo como un empleado más es peor, porque la ley precisa que el presidente no es un empleado más. Es verdad que la ley andaluza no define muy bien lo que es un presidente, no somos ni carne ni pescado: tenemos una relación más bien mercantil con la entidad que nos paga la Seguridad Social, pero lo que está claro es que no es una relación laboral. Y por lo tanto, no se puede extender al presidente alguno de los beneficios que el conjunto de los empleados de la caja pueda tener, como es por ejemplo un plan de pensiones. Tiene la misma pinta que me dio el primer día, va en contra de la Ley de Cajas.
'El complemento de pensión para los presidentes no está en la Ley, es inaceptable'
'Beneroso en su contrato tenía una indemnización por cese pero renunció a ella'
P. ¿Cree, pues, que las cajas no deben pagar complementos de pensión a sus presidentes?
R. Podría ser aceptable si estuviera recogido en la ley, pero si no lo está, yo creo que es totalmente inaceptable. Tenemos que jugar con los instrumentos que tenemos. Debe considerarse una indemnización, y eso no lo permite la Ley de Cajas.
P. A su juicio, las compensaciones acordadas por los órganos de gobierno de Unicaja para el presidente y los vicepresidentes ejecutivos aún no desembolsadas, ¿serían también ilegales si se materializan?
R. De Unicaja realmente no tengo mucha información. La sensación final es que es algo distinto, pero sin más datos no me atrevo a dar una opinión.
P. Tras la polémica, el PSOE ha propuesto limitar las retribuciones de los consejeros a sueldos, cuando tengan tareas ejecutivas, o a dietas por asistencia a Consejo.
R. Es una propuesta interesante. Nos puede dejar las líneas muy claras acerca de cómo tenemos que orientar después la elaboración de nuestros códigos de conducta.
P. El PSOE también sugiere limitar las compensaciones e indemnizaciones a los directivos de las cajas.
R. Yo intentaría diferenciar un tema de otro. Los presidentes y vicepresidentes ejecutivos somos consejeros, tenemos una extracción social, estamos ahí en representación de unos determinados grupos, y sabemos desde el mismo día en que llegamos que tenemos fecha de caducidad. Esa situación no es la misma que la de un directivo que se va a pasar 15 o 20 años haciendo funciones de ejecutivo en una entidad financiera. Si limitamos los derechos de estas personas, nos podemos acabar encontrando a medio plazo a directivos de bajo nivel que no sean capaces de hacer una competencia directa con directivos de otras entidades financieras, de los bancos, que no van a tener esas limitaciones.
P. Pero entonces seguirá habiendo casos como el que sucedió en la anterior etapa de El Monte, con Isidoro Beneroso en la presidencia, cuando la caja dotó los planes de pensiones de tres directivos con cuantía desproporcionada, que el Banco de España calculó en casi diez millones de euros.
R. Eso se resuelve dejando claro que esas atribuciones son exclusivas del Consejo de Administración y de la Asamblea, de modo que cualquier tema sea público y notorio, y no a través de un contrato privado como creo recordar que fue en aquella ocasión.
P. ¿Tiene usted algún complemento previsto por El Monte para cuando deje la caja?
R. No tengo, no.
P. ¿Y lo tenía su antecesor?
R. Isidoro [Beneroso] en su contrato, que yo lo conocí, sí tenía una indemnización por cese. Ése era un contrato que se hizo antes de la entrada en vigor de la Ley de Cajas y por tanto las indemnizaciones por cese de actividad se podían defender como legales. De todas maneras, el propio Isidoro Beneroso renunció al cobro de la indemnización, creo que pensaba que le correspondía por derecho, pero que, una vez entró en vigor la ley andaluza, eso hubiese sido más discutible. Después de la guerra que hizo a la Junta no quiso hacer una última batalla adicional. Y fue él, no hubo ninguna intervención mía: Isidoro decidió no hacer uso de esa parte de su contrato.
P. ¿La cuantía y las condiciones de su retribución pasaron por los órganos de gobierno?
R. Sí, mi sueldo pasó por el Consejo de Administración y por la Asamblea.
P. Es, por tanto, público.
R. Se dijo tanto en el Consejo como en la Asamblea, pero yo no lo quiero andar diciendo por ahí.
P. ¿Es habitual que las condiciones y la cuantía de una póliza como la de Castillejo no pase por el Consejo de Administración?
R. No es normal, no es normal en absoluto. Cuando supe que las condiciones de la póliza ni siquiera pasaron por el Consejo de Administración me quedo patas colgando. Me parece todo una suma de despropósitos importante. Esto hay que hacerlo siempre con mucha transparencia, con mucha información a los órganos de gobierno, sin que eso quiera decir que haya que darle tres cuartos al pregonero. Con que los consejeros, que representan al conjunto de la sociedad y tienen la obligación de guardar sigilo, conozcan con todo lujo de detalles lo que se trata es suficiente.
P. La polémica se ha superpuesto a la aprobación de la Ley Financiera, que modifica sustancialmente el régimen de las cajas de ahorros
R. Sí, y me parece que se han cometido muchos errores. El más importante es que una ley del calado de ésta no puede ser aprobada solamente por el partido del gobierno, con una actitud prepotente, invadiendo competencias, sacando de la responsabilidad de la Junta Cajasur para adjudicársela al Ministerio de Economía...
P. La ley obliga a un cambio en la composición de los órganos de gobierno, ¿eso afectará al calendario de la fusión de El Monte con Caja San Fernando?
R. La ley explica claramente cómo se tiene que hacer la adecuación para dejar en el 50% la representación pública, de dónde tiene que salir la disminución y por tanto no sería necesario un proceso electoral si no se incorpora ningún otro grupo de representación. Los propios órganos de gobierno serían competentes para adecuar su composición a lo establecido en la propia ley.
P. Entonces la fusión se presentará a los órganos de gobierno a mediados del año que viene.
R. En eso seguimos trabajando.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de noviembre de 2002