José Moratalla, alcalde de Granada y presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), ha encabezado la rebelión en contra de la exención que el Gobierno pretende llevar a cabo en el IAE y que repercutiría muy negativamente sobre los ayuntamientos andaluces, que recaudan por este concepto 224,6 millones de euros. Según los datos ofrecidos por el ministro de Economía, Cristóbal Montoro, en Andalucía se dejarían de recaudar 163,75 millones, que beneficiarían a 388.429 autónomos y profesionales. Esta medida perjudicaría a los 769 municipios andaluces.
La desaparición del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) está prevista en el proyecto de Ley de Haciendas Locales que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de octubre y ahora está en discusión parlamentaria. Quedarán exentos del impuesto todos los profesionales y las empresas que facturen menos de un millón de euros. La falta de concreción de una alternativa ha generado una enorme tensión en la FAMP. Moratalla amenaza con abandonar la presidencia a final de año si no se establece una compensación satisfactoria: 'Sigo pensando que si la FAMP sólo sirve para hacer de palmero de la FEMP y de Cristóbal Montoro, yo me marcho'.
Precisamente el 5 de noviembre Moratalla envió una carta a la presidenta de la FEMP, Rita Barberá (PP), para pedir una convocatoria urgente de la comisión de presidentes de las Federaciones Territoriales de Municipios para tratar todo lo relativo a la financiación de los ayuntamientos. La cita aún no se ha producido. Un día antes de enviar la carta, la FAMP aprobó una resolución que contó con el voto unánime de todas las fuerzas políticas excepto del PP. Su representante en la Ejecutiva, el alcalde de Gibraleón, José Luis Rodríguez, votó en contra. No asistió alegando motivos de trabajo el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, presidente de la Comisión de Hacienda de la FEMP y vicepresidente de la FAMP.
De la Torre subraya que 'la nueva ley prevé también que las capitales de provincia y ciudades con más de 100.000 habitantes puedan financiarse con una cesta de impuestos -IRPF, IVA y tributos especiales- similar a la que ya se utiliza para financiar a las comunidades autónomas. El alcalde malagueño también destaca 'otras novedades, como la posibilidad de que los ayuntamientos dispongan de un recargo a las viviendas de-socupadas o bonificaciones a las familias numerosas'. Pero nadie habla de estos extremos.
El concejal de Hacienda de Sevilla, Emilio Carrillo (PSOE), no comparte la complacencia de De la Torre y se teme lo peor de la reforma del IAE. 'La participación en la bolsa común de impuestos del Estado tampoco garantiza que vaya a quedar compensada esa pérdida', explica Carrillo. 'El temor que tenemos algunos es que la intención oculta del PP sea, ante la insuficiencia económica de las haciendas locales, que se empiece a plantear el horizonte de la privatización de servicios municipales'. Carrillo garantiza que los ayuntamientos no se quedarán parados ante ese riesgo: 'No hay una determinación tomada, pero si finalmente no hay compensación tendremos que pensar en la posibilidad de llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional por violación del artículo 142 de la Constitución, que garantiza la suficiencia financiera de los municipios'.
El Gobierno no ha tenido en cuenta en su proyecto de ley el libro blanco sobre financiación de haciendas locales que la comisión que preside el alcalde de Málaga en la FEMP encargó a un grupo de expertos. Pero De la Torre no se siente desairado: 'No ha habido voluntad de eludir el consenso; ha sido un problema de calendario'.
Entretanto, el concejal de Hacienda de Málaga, Francisco Aguilar (PP), opina que 'éste sería un buen momento para plantear un pacto local, para que la Junta ceda a los ayuntamientos competencias y financiación en materia de inmigración, sanidad, educación, vivienda o seguridad'. El presidente de la Diputación de Jaén, Felipe López (PSOE), está de acuerdo en estudiar una reestructuración del gasto público en España para mejorar la eficacia y la subsidiariedad, 'pero ese sería un pacto de Estado a tres bandas con el Gobierno, las comunidades autónomas y las instituciones locales'. López cree que 'es una seria contribución a la desvertebración del país que el Gobierno acreciente la insuficiencia financiera de los poderes locales, quitando un impuesto que no gestiona'.
Las diputaciones también pierden dinero
El IAE grava el mero ejercicio de una actividad económica de carácter profesional, empresarial o artístico. Es una cuota tributaria que se calcula en función de una tarifa nacional aprobada por el Gobierno, para la que existen bonificaciones y recargos que pueden establecer los ayuntamientos y las diputaciones. Las diputaciones andaluzas tienen fijado un recargo a la tarifa mínima del impuesto de un 35%, lo que les supone ingresar más de una quinta parte de lo recaudado por los municipios: por encima de 40 millones de euros anuales. La de Sevilla tiene previsto este año ingresar por este concepto 12,8 millones, 7,3 la de Málaga, 3,8 la de Almería, y 2,4 la de Jaén. Cádiz recaudó el año pasado 6,26 millones de euros del IAE. La base de cálculo es muy compleja y varía según las actividades. Las industrias pagan en función del número de empleados y el consumo de kilowatios; los comercios, por la superficie; los bares, por los metros cuadrados de barra, y las constructoras por la población de la localidad en la que estén enclavadas. Los principales inconvenientes de la reforma son: la merma de ingresos; la reducción de la labor municipal de inspección y control censal de empresas y actividades económicas, que ahora tendrá que ejercer la Administración central; una posible sobrecarga administrativa si se aplican todas las bonificaciones posibles, con nulo rendimiento para los ayuntamientos, y un nuevo impuesto condicionado a los ciclos económicos, que estará en función de la facturación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de noviembre de 2002