Difícil tarea tiene ante sí la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, esta semana durante el debate sobre los presupuestos para el año 2003 en el Parlamento andaluz. Ha de convencer a los grupos de la oposición sobre la supuesta bondad de estas cuentas para nuestra comunidad. Una dificultad que se acrecienta si tenemos en cuenta que al escepticismo propio de los partidos contrincantes hay que unir ahora la falta de confianza que deposita la presidenta del PP, Teófila Martínez, en todo aquello que suene a cifra oficial, aunque provenga del mismísimo Ministerio de Economía. El Instituto Nacional de Estadística (INE), dependiente de dicho departamento ministerial, desvela que desde que ella gobierna en la ciudad de Cádiz se ha producido una notable pérdida de población, en concreto de unos 22.000 habitantes. Lejos de tomar en serio este dato, no lo da por bueno y encarga un censo propio con el que rebatir las conclusiones de ese reputado organismo. Por no creerse, ni admite las cifras del INEM o de la misma EPA, que apuntan a la continuidad de la capital gaditana en el furgón de cola en cuanto al paro se refiere.
Así las cosas, cualquier indicador que se maneje servirá de bien poco dada la escasa fiabilidad que les concede Martínez, a no ser que se trate de parámetros facilitados por ella misma. Pero, entonces, su discurso sin duda que perderá credibilidad si se tiene en cuenta el descreímiento que luce ante las referencias objetivas que se manejan a la hora de dimensionar inversiones, gastos, paro o población. Es por ello que no sería extraño que intente refugiarse en el municipalismo o en las 'pequeñas cosas' para resistir los embates de una Álvarez a la que, de momento, no le ha salido mal su estrategia para que la alcaldesa de Cádiz recogiera el guante y fuera ella y no el correoso y duro parlamentario que es el secretario general del PP, Antonio Sanz, quien saltara a la arena a defender las tesis de su grupo. Un movimiento, el de la alcaldesa gaditana, que la hace, además, incurrir en una clara contradicción con lo que hasta ahora venía diciendo. No era partidaria de 'numeritos', pero, al final, sigue los pasos del socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Lo que queda por ver es si en su comparecencia predominará su faceta como candidata a la alcaldía de Cádiz o más bien la de aspirante a la presidencia de la Junta de Andalucía. Una vez más, la ambivalencia y la multiplicidad de funciones pueden jugarle una mala pasada, por no decir su escaso cálculo a la hora de poner en marcha una táctica que puede poner en evidencia ante toda la Cámara sus carencias para afrontar una discusión política de ese nivel y para la que, hasta ahora, no ha demostrado muchas dotes.
Anguita, Aznar, Arenas
Pero, para orador, Julio Anguita. El hombre, ya liberado de su tarea como enseñante, quiere ahora meterse más de lleno en la labor política que, desde luego, nunca abandonó. Una nueva carrera que parece haber reemprendido con una foto de familia que nos retrotrae, aquí en Andalucía, a los viejos tiempos de la famosa pinza, almorzando amigablemente con José María Aznar y Javier Arenas. Incluso tuvieron ocasión de jugar al dominó. ¿De qué hablarían? Quién sabe, a lo mejor del futuro de Cajasur y de su presidente, Miguel Castillejo, hombre que se enfrenta al 'drama' de no encontrar a la persona adecuada para que le sustituya. ¡Con el paro que hay! A la espera de que encuentre a su sustituto, en estos días tendrá que hacer frente a la resolución que adopte la Junta en relación a la ilegalidad o no de la póliza que se ha suscrito para sobrellevar su vejez con tranquilidad. Ya ha puesto la venda antes de la herida encargando costosos informes a los letrados habituales argumentando lo correcto de su actuación, razones que a lo mejor no sirven para el análisis de las autoridades autonómicas, que vienen pronunciándose abiertamente ya sobre la falta de adecuación de este seguro a la normativa andaluza. Unas reglas que, además, Castillejo quiere eludir para dejar la Obra Social de la entidad a buen recaudo, al acogerse a la Ley Financiera, con lo que deposita en el Gobierno de Madrid el control de esta línea básica de una caja, a diferencia de lo que hacen las otras dos entidades fundadas por la Iglesia, como ocurre con la Caja Inmaculada de Zaragoza y con Caja Burgos, que han optado por tener como referentes a sus respectivas administraciones autonómicas. Se desconoce si la sociedad cordobesa va a permitir este nuevo atropello.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de noviembre de 2002