A la instrucción del caso FARA -en el que se investiga el supuesto desvío de ayudas públicas de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía a cuentas particulares de sus dirigentes- aún le queda tiempo. Sin embargo, ya hay informes que confirman que sus responsables distrajeron al menos una cuarta parte de los 120.000 euros en subvenciones concedidos por la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz y que la organización detraía parte del dinero haciendo que sus trabajadores firmaran nóminas por el doble de lo que cobraban.
En la causa hay 13 imputados, entre ellos el presidente, el secretario, el tesorero y un asesor de la federación. Un año después de que estallara el caso, el presidente, Vicente Rodríguez, ha anunciado que el lunes iniciará una huelga de hambre frente al Parlamento por el trato que las administraciones dan desde entonces a los asuntos del colectivo gitano.
Cuando hace un año estalló el caso FARA, el supuesto desvío se cifró en 1.803.000 euros. De 1997 a 2001, la federación recibió unos seis millones de euros en ayudas públicas. Todavía no hay una cuantificación pericial del dinero desviado, pero se sabe que en ese período el grueso de las subvenciones procedió de la Consejería de Empleo (3.255.000 euros), del Ministerio de Asuntos Sociales (1.436.000) y de la Consejería de Asuntos Sociales (1.135.000).
Las ayudas de la Mancomunidad de la Bahía de Cádiz eran menos significativas. Esta institución le entregó a la FARA a finales de 2000 unos 120.000 euros para contratar mediadores sociales. Fuentes judiciales indicaron que un informe del grupo de blanqueo de capitales de la comisaría provincial demuestra que de esa cifra fueron desviados casi 30.000 euros, malversación que la policía atribuye a Rodríguez y al tesorero, Ramón Vargas.
Según la investigación, los dirigentes de FARA 'convencieron' a los trabajadores para que firmaran nóminas por 1.358 euros, cuando en realidad percibían 751. Así, según el informe del grupo de blanqueo, 'conseguían documentación legal para justificar gastos'. Los pagos no se hacían en talones individuales a cada trabajador, sino a través de un cheque colectivo que luego repartía el tesorero. Todos cobraban casi la mitad de lo que firmaban, a excepción de Vargas, que sí percibía los 1.496 euros como coordinador del programa, y su hijo José, presidente de FARA en Cádiz, que también cobraba los 1.358 euros que le correspondían. La forma de distraer los recursos estaba tan bien organizada que cuando el juzgado malagueño solicitó información a la Mancomunidad, ésta defendió la transparencia de la federación y contestó que incluso 'cofinanciaba' los proyectos.
Las fuentes judiciales explicaron además que los responsables de FARA gastaban parte de las subvenciones en programas de apoyo al pueblo gitano y cumplían escrupulosamente con Hacienda y la Seguridad Social para mantener las ayudas. Sin embargo, apuntaron que un muestreo de las facturas refleja que otra parte de los fondos públicos se dedicaba a fines tan alejados del objetivo de las subvenciones como participar en ferias, asistir a un homenaje a Camarón o a sufragar viajes particulares y alojamientos en hoteles de alto poder adquisitivo.
Desde que se destapó el caso, los inculpados siempre han mantenido su inocencia y han atribuido las acusaciones a 'una mano negra' que pretendía desbancar a FARA como organización representativa del pueblo gitano. En una rueda de prensa dada hace ya varios meses, prometieron que revelarían quién era esa mano negra. Todavía no lo han hecho. El viernes, la organización rompió su silencio para informar que el lunes su presidente iniciará una huelga de hambre frente al Parlamento. La protesta -a la que se sumarán otros representantes del colectivo- se convoca por el trato que, según FARA, recibe desde entonces el colectivo gitano por parte de las administraciones.
Agenda comprometedora
'Tema de cómo justificar el millón de pesetas entregado por la Diputación. Tenemos que ver cómo'. Esta comprometedora frase del asesor de FARA e imputado en la causa Valeriano García aparece escrita a mano en la agenda intervenida en su despacho de Torremolinos. Según fuentes judiciales, el informe del grupo de blanqueo vincula esa nota a los 6.000 euros que la Diputación malagueña concedió a la federación el 28 de agosto de 2001 y de los que la institución supramunicipal no recibió 'ningún documento' justificativo.En la investigación no hay papel alguno que pruebe que Diputación exigiera justificantes. Sólo el 18 de diciembre del año pasado, cuando ya había estallado el caso, exigió el reintegro de la ayuda concedida.La institución firmó un convenio con la federación por 24.000 euros, pero al producirse la detención de los dirigentes de la organización sólo había librado los mencionados 6.000.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de noviembre de 2002