El Gobierno catalán estrenará su capacidad fiscal sobre IRPF aplicando bonificaciones fiscales para la compra de vivienda y para los 719.000 socios de mutualidades que hay en Cataluña. Las bonificaciones se aplicarán en el tramo del 33% del IRPF -cedido a la Generalitat- para los jóvenes y los disminuidos que compren una vivienda, según han señalado fuentes del Gobierno catalán. También habrá una deducción del 1% para las aportaciones de los padres a sus hijos para comprar la primera vivienda.
Estas medidas estarán contenidas en el Presupuesto de la Generalitat para 2003, que el Gobierno catalán tiene previsto aprobar mañana.
El Ejecutivo de Jordi Pujol ha desoído las propuestas de los constructores de introducir rebajas fiscales para las empresas que opten por dedicarse al alquiler de pisos. Tampoco ha hecho caso de la propuesta del sector de bajar el impuesto que grava la compra de pisos de segunda mano cuando se trata de jóvenes que adquieren su primera vivienda. Las compras de pisos de segunda mano tributan dentro del impuesto de transmisiones patrimoniales, cedido a las autonomías, y están gravadas con el 8% sobre el precio de la vivienda.
En el caso de las aportaciones de los padres a los hijos para que adquieran la primera vivienda, se pretende introducir una bonificación fiscal para los padres del 1% de lo aportado, según informó ayer La Vanguardia. La medida, sin embargo, tendría un escaso impacto fiscal cuando se trate de aportaciones de cantidades bajas. Por ejemplo, si un padre aporta 12.000 euros (dos millones de pesetas) para que su hijo compre un piso, podría deducirse 120 euros (20.0000 pesetas).
Información de las subastas
En cuanto a las deducciones fiscales para los mutualistas, fuentes del Gobierno catalán consultadas aseguran que serán una de las más importantes que se introducirán el año que viene. En medios del sector de mutuas se apunta que las deducciones fiscales que sopesa el Gobierno catalán para los mutualistas supondrían un impulso para L'Aliança, la mayor mutua catalana, que tiene más de 180.000 socios y está intervenida por la Generalitat tras detectarse un agujero de 45 millones de euros. Este agujero, que ha aparecido tras una reciente auditoría de las cuentas, corresponde a las pérdidas acumuladas por la entidad en los últimos años. Los números rojos de L'Aliança han reducido sus fondos propios y amenazan con dejar la entidad descapitalizada.
La Generalitat de Cataluña también controlará de cerca al sector de subastas. El proyecto de Ley de Acompañamiento de los Presupuestoss, al que ha tenido acceso este periódico, establece que a partir del año que viene las empresas que realicen subastas de bienes estarán obligadas a remitir a la Hacienda de la Generalitat en la primera quincena de cada trimestre un listado de todas las transmisiones de bienes efectuadas durante el trimestre anterior. Este listado deberá contener los datos del comprador y del vendedor, la fecha de la compraventa, una descripción del bien subastado y el precio de adjudicación.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de noviembre de 2002