Tras diez años de investigaciones y cinco de procesos judiciales por sus prácticas monopolistas, Microsoft ha visto cómo una juez bendecía, con leves retoques, el acuerdo al que había llegado con la Administración de Bush hace un año. El acuerdo crea un comité técnico para vigilar estas prácticas y prohíbe a Microsoft tanto entorpecer la instalación de programas ajenos sobre su sistema operativo Windows como tomar represalias comerciales con los fabricantes y vendedores que apoyen la instalación de estos programas de la competencia. No se discute su monopolio. Se quiere evitar que lo aproveche para disfrutar de nuevos monopolios. Unas medidas muy livianas si se piensa que hace dos años el juez de primera instancia proponía la partición de la compañía.
Durante estos años ha habido cambios favorables a Microsoft como el relevo de la Administración demócrata por la republicana, más inclinada a los monopolios que sean nacionales, la aparición de nuevos gigantes por la vía de las fusiones -HP o AOL Time Warner- y la crisis económica del sector. Los rivales de Microsoft han visto cómo la justicia les daba la razón en sus denuncias sobre las arteras conductas de la compañía pero aplicaba unos remedios menos drásticos de los que ellos y nueve fiscales de otros tantos Estados proponían. La juez ha optado por controlar sus actividades futuras. Es básico para el consumidor que estos controles sean rigurosos y eficaces. No sería lógico negar a una empresa el derecho a crecer, pero sí exigirle que sea por su esfuerzo de innovación y no por el atropello comercial. La clave está en el seguimiento que se haga de sus movimientos en el futuro. A pesar de que sea casi imposible vivir en el mundo digital sin encontrarse, tarde o temprano, con un producto Microsoft, su oferta no es la única. El movimiento del software libre, por ejemplo, está ahí y ha visto cómo grandes empresas apoyan su implantación no por lirismos alternativos, sino para abrir otro modelo de mercado. A la juez norteamericana del caso -hay una investigación abierta en Europa- se le podrán discutir los remedios aplicados, pero no su esfuerzo intelectual para acercarse al problema. Al final, no sólo ha redactado una sentencia de más de trescientos folios, sino que ha tenido el gesto democrático, combatiendo el esoterismo de los foros judiciales, de explicar al ciudadano, en otros 22 folios sin valor jurídico, qué se debatía y por qué ha decidido lo que ha decidido.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 11 de noviembre de 2002