El marco legal que regulará la conservación de la flora y la fauna silvestres será también el mismo que ordenará la práctica de la caza y de la pesca en Andalucía. El texto, que está en manos del Consejo Consultivo de Andalucía para ser examinado, otorgará herramientas más contundentes a la Administración autonómica para combatir el furtivismo y el uso de venenos a través de un severo régimen sancionador y del refuerzo de la labor inspectora de los agentes de medio ambiente, que tendrán libre acceso a los cotos.
En la actualidad hay 840 agentes, que se ampliarán a 1.200 el próximo año, según adelantó ayer la consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves. El régimen sancionador propuesto por Medio Ambiente contempla multas de hasta un máximo de 60.000 euros (10 millones de pesetas), pero el director general de Gestión del Medio Natural, José Guirado, señaló que pueden resultar más duras las medidas punitivas 'complementarias', entre ellas la suspensión del aprovechamiento que se realice en la finca afectada.
El texto contempla la creación de reservas ecológicas como una novedosa iniciativa, que permitirá a los propietarios destinar las fincas a usos científicos y de investigación a cambio de renunciar a los aprovechamientos cinegéticos. Aunque en el proceso de elaboración del borrador han participado representantes de las federaciones de pesca y caza y de colectivos ecologistas, entre otros, Coves cree que puede ser 'conflictiva' la ampliación del vallado en caza mayor a 2.000 hectáreas, con excepciones para los ya existentes, y el refuerzo de la labor inspectora de los agentes de medio ambiente.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de noviembre de 2002