Tres ministros, el presidente de la Generalitat y tres de sus consejeros, el candidato del PP, Francisco Camps, y varios alcaldes, entre otros cargos públicos, acudieron ayer a la colocación de la primera piedra de una carretera de 9,7 kilómetros: la variante de La Vila (Marina Baixa). El acto se desarrolló en el barrio La Ermita y fue contestado por un centenar de vecinos, que protagonizaron una cacerolada, enarbolaron pancartas contra las expropiaciones y los excesos urbanísticos y gritaron 'fuera, fuera' cuando la comitiva oficial llegó al lugar. Otros grupos de vecinos permanecieron en silencio.
El ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos; el de Medio Ambiente, Jaume Matas, y el de Trabajo, Eduardo Zaplana, se reunieron ayer en La Vila para realzar el comienzo de los trabajos de lo que será la carretera que circunvalará la población. Las obras tienen un presupuesto de 24 millones de euros y un plazo de 22 meses para su ejecución.
Vecinos de la zona y miembros del grupo ecologista Xoriguer mantienen un contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra este proyecto por carecer de estudio de impacto ambiental, obligatorio según un portavoz de los naturalistas. Por esta misma causa, los tribunales impidieron que se acometiera la variante de Altea, en la misma carretera N-332 que Fomento proyecta mejorar en La Vila. La portavoz del Consell y los responsables autonómicos de Obras Públicas y Medio Ambiente también asistieron al acto, al igual que los alcaldes de La Vila, Alicante, Benidorm y Alcoy, entre otros. Tal concentración llevó a los conservacionistas a calificar el acto de 'electoralista'. El ministro de Fomento destacó los beneficios de la obra, que desatascará de tráfico el casco urbano de La Vila y absorberá el paso de 20.000 vehículos al día.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de noviembre de 2002