La juez ordena la prisión incondicional de Aníbal Sardón, captador de clientes de Gescartera

La juez Teresa Palacios, a petición del fiscal anticorrupción Vicente González Mota, acordó ayer el ingreso en prisión incondicional de Aníbal Sardón, propietario de la sociedad Asesoría de Gestión y Patrimonio (AGP), que captó unos 200 clientes para Gescartera que invirtieron más de 3.000 millones de pesetas (unos 18 millones de euros). Entre los estafados figura la Mutualidad de la Policía y Construcciones Rico. Sardón está acusado de sendos delitos de apropiación indebida y estafa y la prisión está motivada por el riesgo de fuga debido a los datos nuevos que han surgido. Ingresó en Alcalá-Meco.

Sardón negó casi todo y no supo explicar casi nada. Así se expresaron varios letrados de la acusación, quienes señalaron que, durante más de ocho horas, el conseguidor de clientes de Gescartera "negó la mayor" cuando la juez Palacios y el fiscal González Mota le interrogaron por un estadillo extraído del volcado de uno de los ordenadores de AGP, en el que supuestamente constaban las inversiones de los clientes de AGP en Gescartera, el interés real que percibía por la inversión y el interés ficticio que le enseñaba al cliente.

Sardón insistió en que esos estadillos de inversiones no respondían a la realidad, eran "simulaciones", porque se trataba de "inversiones virtuales", que él generaba en el ordenador para tratar de convencer al dueño de Gescartera, Antonio Camacho, de que AGP era rentable, en contra de lo que Camacho creía, según lo declarado ayer por Sardón. Llegó a llamar en su declaración a esos estadillos "juegos de guerras", comparándolos con juegos de simulación en ordenadores.

Así, Sardón negó que las cifras que constaban como intereses reales -entre el 25% y el 34%- fueran los intereses que AGP cobraba a Gescartera por las inversiones, como sospechan los investigadores, y que las cantidades que figuran como intereses ficticios -entre el 3% y el 4,5%- fueran los intereses que las inversiones producían a los clientes de AGP, quedándose el propio Sardón con la diferencia. El propietario de AGP tampoco supo explicar la razón de haber percibido a su nombre dos cheques -alrededor de 30 millones de pesetas (180.000 euros) entre los dos- de Gescartera, aunque posteriormente lo achacó a desinversiones. Sardón dijo que Gescartera le debe todavía unos 160 millones de pesetas.

También fue preguntado por los movimientos de dinero que realizó en agosto de 2000 en el paraíso fiscal de Guernsey y en enero de 2001 en el Reino Unido. Contestó que no sabe nada.

Sin embargo, la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblanc) recibió en las fechas mencionadas sendos avisos de movimientos de capitales sospechosos manejados por Aníbal Sardón. El Sepblanc no adoptó ninguna iniciativa y respondió que Sardón no tenía antecedentes penales.

Tras concluir la declaración, el fiscal pidió la prisión del imputado, petición a la que se sumaron varios letrados de las acusaciones, quienes, sin embargo, solicitaron alternativamente la imposición de fianzas de un millón de euros. Otros letrados pidieron fianza, aunque sin cuantificar.

El fiscal ha instado la medida por el riesgo de fuga y para garantizar que el dinero pueda aparecer, ya que Sardón no se limitó a ser un mero comercial y captó dinero para Gescartera que se ha perdido. Conocía lo que estaba pasando y hubiera cobrado de Gescartera de una sociedad llamada Tecnibran, en una cuenta que tenía conjuntamente con Antonio Camacho. Sardón ya estaba en libertad provisional, aunque tenía que presentarse diariamente en el juzgado y se le había retirado el pasaporte.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de noviembre de 2002