El escándalo destapado en España por la Policía Judicial sobre un presunto fraude millonario en cursos de formación a parados ha movilizado a la Comisión Europea. La Oficina Europea de Lucha Antifraude, OLAF en sus siglas francesas, inició hace ya dos semanas una investigación sobre el asunto y ha decidido personarse en la causa que sigue la Audiencia Nacional para aportar su asesoramiento. Según los datos policiales, entre el 5% y el 10% de los cursos subvencionados por Bruselas no se celebraron el año pasado en Albacete, un porcentaje que de extrapolarse supone que entre 10.000 y 15.000 cursos (del total de 159.000 con un coste para la UE de 630 millones de euros) no se habrían celebrado.
Tras la publicación en este periódico en octubre pasado de los resultados de las pesquisas policiales, durante las que fueron interrogados cientos de alumnos de los cursos subvencionados por la Unión Europea, la OLAF mantuvo una reunión el pasado 4 de noviembre en la que decidió abrir una investigación sobre este nuevo fraude que atañe a fondos europeos.
Tal investigación va a consistir fundamentalmente en personarse en el caso y asesorar a la Audiencia Nacional, ya que en este caso la iniciativa ha partido de las autoridades judiciales españolas.
Fuentes de la Dirección General de Empleo de la Comisión Europea consideran que, dado el nivel de incidencias, de irregularidades y de fraude que ha destapado la investigación española "es más que probable que se suspendan los pagos correspondientes".
La denuncia de la fiscalía española por fraude comunitario, apropiación indebida y falsificación de documentos sólo afecta a los cursos correspondientes a 2001, gestionados por el Instituto Nacional de Empleo (Inem), la patronal y los sindicatos a través del Forcem, aunque podría ampliarse a otros años.
Falta de transparencia
En el Informe Anual Conjunto de Empleo de la Comisión Europea, que probablemente presente hoy o mañana la comisaria de Empleo, Anna Diamantopoulou, ya se expresa una cierta inquietud por la falta de transparencia con la que en España se distribuyen los fondos de empleo en las diversas autonomías.
El mismo documento señala que en 2001 España fue uno de los países más beneficiados (como es habitual) de los fondos estructurales, con la adjudicación sólo para el Plan Nacional de Empleo de 1.624,3 millones de euros en ese ejercicio.
La Dirección General de Empleo de la Comisión Europea ha decidido también solicitar a las autoridades españolas información sobre el otro fraude que ha señalado el Tribunal de Cuentas. Éste se refiere a la gestión de la formación continua de los años 1996, 1997 y 1998.
Formación continua
En este caso, el Tribunal de Cuentas también ha detectado anomalías de carácter sistemático a partir de una muestra. Bruselas cuantifica las irregularidades en 2,1 millones de euros en la gestión hecha por el Forcem y 3,7 millones de euros en la realizada por la Fundación Vasca para la Formación Continua (Hobetuz).
También en este caso, y dado ese carácter presuntamente sistemático del fraude, la Comisión Europea prevé que se terminen suspendiendo los pagos o reclamando a las autoridades los ya efectuados para preservar los intereses financieros de la Unión Europea.
A pesar de los fraudes detectados, o quizá precisamente por ellos, la Dirección General de Empleo considera que España está mejorando el control de la gestión de la formación continua con una mayor implicación de la Administración española (a través del Inem) en la persecución de las irregularidades.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de noviembre de 2002