El Gobierno ha aprobado un decreto para fomentar ayudas a las empresas de inserción laboral cuyo objetivo principal sea facilitar la integración de perceptores de la renta mínima, de jóvenes mayores de 18 años procedentes de instituciones de protección de menores, de personas con problemas de alcoholismo y drogadicción y de ex reclusos en cuyo caso sea posible el acceso a un empleo, entre otros.
El consejero de Trabajo, Luis Peral, aseguró ayer que esta normativa, nueva en la región, pretende 'darle un empujón' a los miembros de colectivos que tienen mucho más difícil entrar en el mercado laboral.
Las empresas que opten a estas ayudas -que van desde subvenciones para las contrataciones, suministro de gerentes y técnicos de producción así como mediación laboral-, tienen prohibido el reparto de beneficios y están obligadas a estar participadas mayoritariamente por entidades sin ánimo de lucro.
En estas sociedades no menos del 30% de sus trabajadores pertenece a colectivos excluidos. El decreto regional también impulsará la inserción de personas que tengan a su cargo una familia monoparental en grave necesidad, de inmigrantes en situación regular en condiciones de exclusión y de personas con enfermedades mentales.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 12 de noviembre de 2002