El presidente argentino Eduardo Duhalde ha convocado una cumbre de gobernadores y líderes parlamentarios con los que espera alcanzar un pacto que satisfaga las exigencias políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI). El ministro de Economía, Roberto Lavagna, admitió anoche un avance sustancial en la negociación porque "ya se está trabajando en un borrador común" de la carta de intención. Advirtió de que el FMI quiere cerrar el acuerdo "con un país, no con el Ejecutivo; los otros poderes deben tener una visión parecida para llegar a un acuerdo".
Argentina aspira a prorrogar vencimientos de deuda por unos 18.000 millones de dólares hasta 2004. El FMI exige ahora que el Parlamento, los gobernadores y los líderes políticos aprueben las leyes necesarias y respalden expresamente los compromisos que está dispuesto a asumir el Ejecutivo. Lavagna, coincide con los funcionarios del FMI en que "todo se torna muy difícil si en el Congreso hay proyectos de ley que van a contramano de lo que se discute", como la postergación de las ejecuciones a los deudores bancarios.
El FMI reclama ratificar para 2003 los pactos de reducción del déficit fiscal de las provincias, y aprobar el presupuesto con las nuevas metas de ajuste de gastos y superávit fiscal. El Ejecutivo se comprometió a permitir un aumento "moderado" en las tarifas de los servicios públicos administrados por empresas privadas.
A su vez, el ministro de Economía argentino tiene también sus dudas sobre la "voluntad política" del FMI para alcanzar el acuerdo. El ministro del Interior, Jorge Matzkin, coincide en que el FMI "corre la silla" cada vez que todo está listo ya para la firma de la carta de intención. Según Lavagna, fuera de las decisiones que debe tomar el Congreso, "lo que queda son problemas de filosofía y no de números". Como, por ejemplo, un mayor esfuerzo de las provincias en la contribución al superávit fiscal de 2,5% del PIB previsto para 2003. Lavagna no cree que las provincias puedan superar el 0,4% estimado y confía en que el gobierno central sí llegue al 2,1%.
Disputa electoral
La lista de pedidos del FMI que debe atender el parlamento, en medio de una disputa electoral que ha fracturado a los grupos parlamentarios mayoritarios hasta casi paralizar las actividades del Congreso, no es sencilla de satisfacer. Los cinco candidatos que se presentan en las elecciones internas del peronismo, el partido al que se considera máximo favorito para ganar las presidenciales previstas para el 30 de marzo, y que son a la vez líderes de pequeños grupos de diputados y senadores, mantiene posiciones diferentes entre sí.
El FMI exige al parlamento que impida por ley al Ejecutivo conceder nuevos plazos de pago a los deudores de impuestos, que no prorrogue nuevamente las ejecuciones a los que tienen cuentas pendientes con los bancos y apruebe una reducción extra de unos 1.800 millones de dólares en el presupuesto para que el superávit aumente al 2,5%.
A su vez, los parlamentos provinciales tendrían que ratificar también que cumplirán en 2003 el ajuste fiscal al que se comprometieron. Además, el Poder Juidicial debería aportar un fallo del Supremo que cierra definitivamente la fuga de depósitos del "corralón" financiero por los recursos de amparos que conceden los jueces de instancias inferiores.
Duhalde traspasó la responsabilidad a los gobernadores y jefes parlamentarios, "serán ellos los que tendrán que decidir si estamos de acuerdo en impulsar las medidas que todavía faltan". El gobierno argentino sabe que los plazos se acortan luego de que el pasado jueves decidiera incumplir con el vencimiento del capital de una cuota por 805 millones de dólares con el Banco Mundial y pagara sólo intereses por 79,2 millones de dólares. En una carta que dirigió a James Wolfenshon, el ministro Lavagna recordó que Argentina ya había pagado este año 4.300 millones de dólares, pero le advirtió también de que continuar pagando "sobre la base de pérdidas de reservas sería riesgoso para la estabilidad económica, social y política".
A su vez, el Banco Mundial dio a conocer en un comunicado oficial la "satisfacción" por el compromiso de las autoridades argentinas en el sentido de "rectificar la situación lo antes posible", pero puso en marcha la sucesión de medidas que, de no llegarse antes a un acuerdo con el FMI, en un plazo máximo de 180 días dejarán a la Argentina fuera del registro de países en condiciones de solicitar nuevos créditos.
El secretario del Tesoro de EE UU, Paul O'Neill dijo por su parte que la decisión del Gobierno argentino de no pagar una deuda de 805 millones de dólares al Banco Mundial, no cambia sustancialmente la situación económica de Argentina, informa Efe. "El reloj ha avanzado 24 horas, pero no creo que las cosas sean diferentes", dijo O'Neill. "La situación ahora es levemente mejor que hace seis meses", añadió.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 16 de noviembre de 2002