El Consejo de Gobierno de la Universitat de València se pronunció ayer en contra de la regulación de las retribuciones adicionales del profesorado hecha por el Consell a través de un reciente decreto, dado su "carácter restrictivo" y la "insuficiencia de sus cuantías", entre otras razones. También acordó exigir a la consejería un proceso de negociación sobre la modificación del decreto y los recursos para aplicarlo.
El 22 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Generalitat el decreto con el que el Consell regula las nuevas contrataciones y las retribuciones adicionales para el profesorado universitario recogidas en la Ley Orgánica de Universidades (LOU). El Consejo de Gobierno de la Universitat de València evaluó ayer "negativamente" la regulación, en concreto de los complementos retributivos, según la cual el profesorado universitario podría percibir, no antes de enero del próximo año, distintos complementos retributivos en virtud de cinco tipos de méritos que se evalúan individualmente en cada profesor.
El Consejo de Gobierno critica la formulación de las retribuciones por su carácter restrictivo, por lo insuficiente de las cuantías asignadas, por excluir a una parte del profesorado, por ignorar "un conjunto de méritos" y "en particular los vinculados a la docencia" y por "los graves desequilibrios en la valoración de los méritos requeridos para acceder" a esas retribuciones complementarias. Como ejemplo, el rector Francisco Tomás puso el caso de los profesores titulares de escuela universitaria, que necesitan 20 años de carrera para cobrar por alguno de los conceptos recogidos en el decreto. En todo caso, ningún profesor podrá cobrar ninguna cantidad adicional con menos de 12 años como funcionario.
En segundo lugar, el acuerdo del máximo órgano ejecutivo de la Universitat "exige" a la Consejería de Educación que, "mediante el oportuno proceso de negociación efectiva con los sindicatos, modifique esta regulación para establecer unos complementos equiparables en cuantía y requisitos a los de otras comunidades autónomas y aporte a las universidades los recuros financieros adecuados para aplicar sin discriminaciones estos complementos". El rector subrayó que el decreto "implica obligaciones nuevas que no existían cuando se negoció el último Plan de Financiación de las Universidades y, por tanto, han de tener una contrapartida financiera". Tomás aseguró que todas las universidades públicas están de acuerdo "en que ha de haber una financiación específica" y, respecto a la modificación de la tabla de retribuciones del decreto, aseguró que se sorprendería "si las otras universidades no lo reclamaran". Por el momento, tanto la Politécnica como la Jaume I tienen establecidos, con anterioridad a la LOU, su particular complemento retributivo con cargo a sus propios recursos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de noviembre de 2002