La victoria electoral republicana ya tiene sus primeros beneficiarios. La industria farmacéutica, las corporaciones, que evitan pagar impuestos estableciéndose en paraísos fiscales, y una universidad de Tejas recibieron un paquete de regalos, oculto entre los pliegues de la ley que crea un superministerio antiterrorista. En la madrugada de hoy se aprobó la ley, poco antes se habían votado las polémicas cláusulas.
Los demócratas y algunos republicanos, como John McCain, se declararon escandalizados por la desfachatez del partido del presidente George W. Bush, pero no pudieron evitar la aprobación de las cláusulas-regalo introducidas de forma casi clandestina la semana pasada.
La industria farmacéutica, que figura entre las mayores fuentes de financiación del Partido Republicano, queda fuera del alcance de cualquier demanda civil si se descubren efectos secundarios no previstos en una vacuna utilizable como prevención contra atentados bacteriológicos. La inmunidad es, además, retroactiva, lo que paraliza demandas en curso planteadas bajo la sospecha de que el mercurio presente en algunas vacunas puede causar autismo. Tampoco podrá ser demandada ninguna empresa que suministre productos defectuosos al futuro Ministerio de Seguridad Interior o al público en general, se trate de máscaras antigás o detectores de radiactividad. El nuevo ministerio podrá realizar contratas con empresas estadounidenses establecidas en paraísos fiscales, algo que el Senado había prohibido anteriormente. Y se crea un centro de investigación científica sobre materias de seguridad que, a la vista de la redacción de la cláusula, sólo podrá establecerse en la Universidad A&M de Tejas, el feudo político de Bush.
Los regalos resultan obvios, pero su introducción en el texto legal fue increíblemente sigilosa para evitar debates. El proyecto de ley del Ministerio de Seguridad Interior había sido aprobado en julio por la Cámara de Representantes, donde los republicanos disponían de mayoría, pero encalló en el Senado. Los demócratas, que disponían de una mayoría de un escaño en la Cámara alta, rechazaron un capítulo del texto que despojaba de casi todos sus derechos laborales y sindicales a los 170.000 funcionarios del superministerio. Tras el triunfo republicano, el 5 de noviembre, la ya cesante mayoría demócrata del Senado se avino a negociar un acuerdo con la Casa Blanca, que dejaba al Gobierno las manos libres para despedir o contratar, pero establecía, al menos, algunas normas sobre movilidad geográfica. Ayer, con el texto listo para la votación final en el Senado, la maniobra se hizo pública y los demócratas denunciaron la "letra pequeña" introducida subrepticiamente. "Es una demostración de desprecio atroz al proceso legislativo", afirmó el demócrata Tom Daschle. "Es una muestra más del poder del dinero", dijo el republicano John McCain, rival de Bush en las primarias de 2000. "Me incomodan mucho algunas de las cláusulas añadidas, pero me taparé la nariz y votaré a favor de la ley porque considero que crear el ministerio es la máxima prioridad", comentó el senador Arlen Specter, también republicano. Phil Gramm, que ejerció como portavoz de los republicanos, afirmó que las cláusulas aumentaban "la seguridad de los estadounidenses".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 20 de noviembre de 2002