La Junta, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y la Federación Andaluza de Municipios y provincias (FAMP) firmaron ayer en Córdoba un protocolo destinado a coordinar y agilizar la intervención de todas las instituciones que actúan en casos de malos tratos a menores. Este acuerdo implica a las consejerías de Asuntos Sociales, Educación, Sanidad y Justicia, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, los juzgados, las fiscalías de menores y los servicios sociales comunitarios. Éstos se comprometen a "cooperar eficazmente para proteger al niño, evitando la duplicidad de servicios y la disparidad de criterios y objetivos".
Isaías Pérez Saldaña, consejero de Asuntos Sociales, recalcó que esta fórmula, proveniente del desarrollo de la Ley del Menor, permitirá actuar con la mayor prontitud "cuando exista la sospecha de cualquier tipo de abandono o de maltrato físico o psíquico". No concretó cuántos menores sufren malos tratos en Andalucía, aunque barajó una cifra cercana a los 5.000. La Junta tiene tutelados a unos 6.500, de los que 2.500 se hallan en centros de acogida.
Pérez Saldaña señaló que el 95% de los malos tratos se produce en el ámbito familiar y defendió la necesidad de "combatir las situaciones de marginalidad y exclusión de las familias". Puso como ejemplo al bebé rumano de 14 meses que fue abandonado en el interior de un coche hace dos días por sus padres, que se dedican habitualmente a la mendicidad en Córdoba.
La firma del protocolo se complementará con medidas de mejora de la formación de los profesionales que atienden a menores maltratados, a través de cursos, jornadas y material impreso.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de noviembre de 2002