El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales suspendió ayer de forma cautelar en sus funciones a las dos funcionarias investigadas por la policía por su participación en la supuesta venta de permisos de trabajo a inmigrantes y la agilización de trámites para lograr la residencia en España. Según fuentes del departamento que dirige Eduardo Zaplana, tras iniciar una expediente informativo, el ministerio ha decidido suspenderlas de empleo y sueldo. A partir de ahora, queda paralizado el expediente administrativo mientras permanece abierta la vía judicial.
Las dos funcionarias desarrollaban su labor en las oficinas de la Dirección General de Trabajo y de la Dirección General de la Economía Social y Fondo Social Europeo, en la calle de Pío Baroja de Madrid. La semana pasada, la policía registró sus puestos de trabajo.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de noviembre de 2002