La ministra de Sanidad, Ana Pastor, se dispone a crear "un nuevo modelo" sanitario mediante una ley, la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, cuyo anteproyecto sometió ayer a la Comisión de Subsecretarios. Dicho modelo trata a toda costa de mantener la unidad del sistema y supone una refundación del Ministerio de Sanidad, tras finalizar las transferencias a las autonomías en diciembre pasado.
El proyecto prevé una tarjeta sanitaria unificada que permita al usuario recibir prestaciones en cualquier punto
Las comunidades autónomas tendrán dos de los 10 miembros del consejo de la Agencia Española de Medicamentos
La libre elección de médico se plantea como objetivo, igual que las habitaciones de uso individual en los hospitales
La ley establece la implantación de una tarjeta sanitaria unificada, prevé que habrá plazos máximos en las listas de espera y amplía el catálogo de prestaciones a la atención paliativa para enfermos terminales, la salud bucodental y la mental. También plantea la libre elección de médico y más habitaciones individuales en los hospitales.
El anteproyecto de ley, al que ha tenido acceso este diario, evita enumerar qué competencias van a ser coordinadas por el Ministerio de Sanidad y cuáles requieren simplemente de la cooperación entre el Gobierno y las comunidades autónomas. En lugar de ello, define "ámbitos de colaboración", sean de quien sean las competencias. Dichos ámbitos son ocho: prestaciones sanitarias, farmacia, profesionales sanitarios, investigación, sistema de información, calidad, planes integrales y salud pública.
- Las prestaciones. El texto asume como propia del Estado la elaboración del catálogo de prestaciones sanitarias a que tienen derecho los ciudadanos, cuya responsabilidad financiera recae en las comunidades autónomas, según recuerda el artículo 7 del anteproyecto. Y la propia ley amplía el catálogo de atención primaria a la atención paliativa para los enfermos terminales, la salud bucodental y la salud mental. Estas dos últimas se incluyen también en el catálogo de asistencia especializada, al que se agrega también la hospitalización a domicilio.
Ante el progresivo envejecimiento de la población, la nueva ley define las prestaciones de atención sociosanitaria en los aspectos relacionados con la salud y precisa que son las siguientes: los cuidados sanitarios de larga duración, la atención a la convalecencia y la rehabilitación en pacientes con déficit funcional recuperable.
- Las garantías. El anteproyecto trata de impedir que se generen diferencias de atención sanitaria mediante el enunciado de una serie de garantías, entre las que figura el derecho a que haya plazos máximos en las listas de espera. Otra garantía es la de movilidad: el derecho a ser atendido en cualquier lugar de España en caso de desplazamiento y el de acceder a un centro alejado si no hay atención adecuada en la propia ciudad. El anteproyecto prevé la creación de servicios de referencia para atender aquellas enfermedades cuyo tratamiento deba concentrarse en unos pocos puntos. Serán financiados a cargo del fondo de cohesión, creado en diciembre pasado.
La garantía de seguridad se establecerá con un decreto que "determinará los requisitos mínimos para la autorización por parte de las comunidades autónomas de la apertura y puesta en funcionamiento de todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios, públicos y privados".
En el artículo referido a las garantías de calidad se señala que "las instituciones adecuarán su organización para facilitar la libre elección de facultativo y una segunda opción". Los hospitales, señala también, "incorporarán progresivamente habitaciones de uso individual".
- Los medicamentos. El anteproyecto recuerda que la evaluación, el registro y el control de los medicamentos es competencia del Estado, pero al mismo tiempo se accede a la reclamación de las autonomías y establece que dos representantes de las comunidades estén presentes en el consejo rector de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, de 10 miembros.
En el mismo capítulo se señala que las farmacias "tenderán a la implantación de la receta electrónica y a la dispensación personalizada".
- Los profesionales. Al margen de la puesta en marcha de un Estatuto Marco, que la ministra de Sanidad prevé para el año próximo, el anteproyecto establece la garantía de movilidad de los profesionales en todo el territorio español. Para ello sienta las bases de la carrera profesional al establecer "el derecho de los profesionales a progresar" en función de "sus aptitudes y sus actitudes", según un alto cargo del Ministerio. Para planificar las necesidades de personal y su formación básica y continuada, la ley prevé la creación de la Comisión de Recursos Humanos, dependiente del ministerio. Dos de sus miembros serán representantes de las autonomías.
- La investigación. El ministerio asume que el desarrollo científico es importante para la mejora de la salud y prevé la elaboración de un plan sectorial de investigación en salud, que se incorporaría al Plan Nacional de I+D, que elabora el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Para propiciar la colaboración de las administraciones y la industria se creará la Comisión de Investigación en Salud, que integrará a varios vocales del sector económico .
- La información. La distribución de las competencias de sanidad entre la Administración del Estado y 17 autonomías hace que la fluidez de la información sea clave para mantener unida la sanidad española. La ley prevé la creación del Sistema de Información Sanitaria, para "garantizar la disponibilidad de la información y la comunicación recíproca" entre las Administraciones. Un elemento clave será la tarjeta sanitaria unificada, que debe permitir la identificación del paciente en cualquier punto de España.
- La calidad. El anteproyecto establece una serie de criterios tendentes a garantizar la calidad de las prestaciones sanitarias. Más allá de la retórica, prevé la creación de una "infraestructura de calidad", que comprende normas de calidad y seguridad, indicadores, guías de práctica clínica y registros de buenas prácticas y de acontecimientos adversos. Para poner en marcha esa infraestructura se crea la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud y para efectuar estudios comparativos entre autonomías se pondrá en marcha un observatorio, ambos dependientes del ministerio.
- Planes de salud. El proyecto renuncia a la puesta en marcha de un plan general de salud, que preveía la ley de 1986 y opta por los planes integrales de las enfermedades prevalentes, que deberán elaborar conjuntamente el Ministerio de Sanidad y las autonomías. La ministra propuso el mes pasado uno para el cáncer y otro para las enfermedades cardiovasculares. Dichos planes determinarán los estándares comunes de atención para la prevención, detección precoz, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de la enfermedad.
La refundación de un ministerio
La propia ministra, Ana Pastor, reconoce que la nueva ley supondrá una auténtica refundación del Ministerio de Sanidad, que en diciembre pasado se quedó sin territorios que gestionar. Sobre las ruinas del Ministerio, nacen unos "órganos de consenso" para "aquellas decisiones que corresponde asumir conjuntamente al Estado y las comunidades autónomas". Éstos son la Comisión de Recursos Humanos y la Comisión de Investigación en Salud. El anteproyecto cita igualmente una serie de órganos de apoyo al sistema, algunos nuevos, que son la Agencia de Medicamentos, el Instituto Carlos III, el Instituto de Información Sanitaria, la Agencia de Calidad y el Observatorio del Sistema Nacional de Salud.Con todo, la propia ley define como "órgano básico de cohesión" el Consejo Interterritorial, del que formarán parte el ministro de Sanidad y los consejeros de las 17 autonomías. El resto de representantes de la Administración del Estado que establecía la ley de 1986 desaparecen, salvo un segundo alto cargo de Sanidad, que actuará de secretario. Al consejo, la ley lo dota de una Comisión de Dirección, cuya función será consensuar los temas antes de que pasen al consejo, de la misma manera que la Comisión de Subsecretarios deja listos los temas para el Consejo de Ministros. Como ya establecía la ley de 1986, la Alta Inspección será la encargada de velar por el cumplimiento de las normas aprobadas, por consenso o no. Una nueva función suya será coordinar los servicios autonómicos en la lucha contra el fraude, el abuso, la corrupción o la desviación de prestaciones.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 21 de noviembre de 2002