El juicio por el caso de los caballos, que trata de dilucidar si el ex alcalde de Marbella, Jesús Gil, su hijo Miguel Ángel Gil Marín, el actual alcalde de Marbella, Julián Muñoz, el gerente de la sociedad municipal Eventos 2000, Modesto Perodia, y el jinete Juan Matute malversaron fondos públicos para promocionar caballos de la yeguada de los Gil, quedó ayer visto para sentencia.
En la última sesión del juicio, los abogados defensores solicitaron unánimemente la libre absolución para todos los acusados, que se enfrentan a peticiones de tres a cuatro años de cárcel. Los letrados, que ya al comienzo de la vista habían solicitado la nulidad del procedimiento por entender que se habían vulnerado las garantías del proceso penal, insistieron ayer en ese extremo y sostuvieron que no se había cometido ningún delito.
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El primer letrado en intervenir fue José María del Nido, que defiende al alcalde de Marbella, Julián Muñoz. En la sesión del miércoles, el fiscal había modificado su acusación contra Muñoz para añadir a la de malversación la de simulación de contrato. Del Nido empleó su intervención en desmontar la tesis de que el contrato de patrocinio firmado entre el Ayuntamiento de Marbella y Matute hubiera sido falso.
"El contrato puede tener muchos errores, pero se le hizo al mejor jinete del momento con el objetivo de promocionar Marbella, como efectivamente hizo Juan Matute, por tanto no existe contrato simulado", arguyó. El abogado recordó que su cliente "firmó el contrato en cumplimiento de sus funciones, y obviamente en estas cosas los contratos son a dedo, como cuando para un concierto se contrata a Julio Iglesias o a Rocío Jurado".
El abogado de Jesús Gil, Horacio Oliva, negó la participación del ex alcalde en la operación. "Jesús Gil no ha negociado el contrato, no conocía al jinete, no ha firmado ni pagado el contrato. Si no ha participado en ninguna de sus fases, es que no ha tenido nada que ver", insistió, y añadió que "Gil no es persona que se salga de las historias para cargarle la culpa a sus subordinados, y menos a sus hijos". Oliva coincidió con el resto de los defensores en que "ha quedado probado que el contrato se cumplió". "Sobre las intenciones, hay que recordar que los pensamientos no son objeto de juicio", agregó.
El abogado de Gil dijo también que "sobre la propiedad de los caballos, que el fiscal esgrime como indicio de que el delito se ha cometido, hay que recordar los testimonios de los técnicos de la Federación de Hípica, que afirmaron que el titular que figura en la documentación de los caballos no tiene porqué corresponder al propietario".
El abogado del jinete Juan Matute, Miguel Bajo, manifestó que la acusación popular, ejercida por el PSOE, había actuado con "incoherencia, voluntarismo, obcecación, desconocimiento y hasta con invenciones".
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de noviembre de 2002