El juez Baltasar Garzón ha ampliado la imputación de pertenencia a ETA a otros 22 dirigentes de Batasuna, que se añaden a los 11 que ya lo estaban por el mismo motivo en la causa abierta a las cúpulas directivas de esa organizacion política, judicialmente suspendida. Garzón no aporta datos nuevos a los ya expuestos en sus autos sobre la simbiosis ETA-Batasuna y la relación de dependencia orgánica de la formación política respecto de la "vanguardia armada". Pero, una vez "descorrido el velo" que ocultaba la verdadera actividad de Batasuna, Garzón ha encontrado indicios de que sus dirigentes tienen "perfecto conocimiento" de la integración de la formación política que dirigen "en el marco del complejo terrorista liderado por ETA".
Los imputados pertenecen a las direcciones posteriores a 1988, ya que eventuales delitos anteriores habrían prescrito. De los 22, seis son parlamentarios autonómicos, entre ellos Arnaldo Otegi y el fugado José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, Josu Ternera. Con estas nuevas imputaciones ya no cabe dudar de la validez procesal de la suspensión cautelar de Batasuna acordada por Garzón en su auto del 26 de agosto pasado. Se refuerza, sin duda, aunque la suspensión judicial de Batasuna no la decidiese Garzón en el vacío y al margen de la actuación delictiva de sus dirigentes o miembros cualificados, sino tras imputar a 11 de ellos, incluidos un miembro de la Mesa Nacional entre 1992 y 1998 y el máximo responsable económico de la red de herriko-tabernas. Sin olvidar que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirió una incontestable cobertura legal a esa decisión, considerándola congruente con la manifiesta continuidad de los atentados de ETA.
Es probable que si Garzón decide procesar a los seis parlamentarios imputados, tras haber comparecido en su juzgado el próximo día 13 de diciembre, la causa deba pasar a los dominios del Supremo, quedando entonces en las manos de este Tribunal la posible disolución de Batasuna por la vía penal, así como su posible ilegalización por aplicación de la Ley de Partidos. De ser así, el Supremo se encontraría con una investigación sumarial sobre el conglomerado ETA-Batasuna muy avanzada y ampliamente sistematizada y documentada, que debería servir para dar un rápido y definitivo impulso a la causa.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de noviembre de 2002