Empresarios de cinco provincias y tres comunidades autónomas han constituido un "movimiento", el "mayor consorcio económico de España", para exigir que se cumpla la ley 10/2001 de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. Dicen representar a medio millón de emprendedores de los sectores de industria y servicios de las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Han dedicado varios encuentros de sus máximos representantes a estudiar fórmulas jurídicas para crear el Consorcio Empresarial del Área Mediterránea destinataria del Trasvase desde el Río Ebro.
El consorcio empresarial se ha presentado en sociedad en Murcia y Valencia y ha trasladado sus posiciones a los presidentes autonómicos de ambas regiones. Hoy tiene prevista su puesta de largo en Valencia, el mismo día en que un grupo de manifestantes que se oponen a la ejecución de la gran infraestructura hidráulica tiene previsto culminar una marcha en la ciudad.
El movimiento empresarial soporta sus posiciones sobre un primer estudio cuya conclusión coincide literalmente con los argumentos elaborados por el Gobierno para defender el proyecto hidráulico. Los empresarios explican que la zona litoral del Mediterráneo, que alberga al 10% de la población de España pero aporta el 29% de la riqueza nacional, no puede limitar su crecimiento futuro porque carezca de recursos hídricos. Y asumen que las más modernas técnicas de aprovechamiento, reutilización o depuración ya se usan y se demuestran insuficientes. Conclusión, hace falta una gran obra para trasladar el agua que el Ebro vierte al mar hacia el sur del litoral.
Los empresarios subrayan su discurso con mensajes muy directos. "No hacemos daño a nadie". "Solo pedimos que se cumpla la ley". "Nosotros también pagamos nuestros impuestos".
Y piden que se aceleren las obras del Plan Hidrológico para no arriesgar su financiación con fondos europeos. Si se retrasan las obras y la Unión Europea se amplía hacia el Este pueden surgir nuevas necesidades.
Empresarios de todos los sectores piden agua, pero son los constructores los que más urgencia tienen. Un portavoz de la asociación de promotores de vivienda explica que los extranjeros que optan por jubilarse en la costa mediterránea quieren "buenas comunicaciones, golf y hospitales próximos". Y reclama desaladoras, depuradoras o cualquier otra medida que permita plantar césped en las nuevas urbanizaciones. "Estamos dispuestos a pagar el agua a precio de supermercado para mantener el césped verde", dice.
Ese mismo portavoz de los promotores pone el dedo en la llaga. El flamante consorcio empresarial exige celeridad en las obras, pero obvia el coste de la factura de agua que tendrán que pagar los que se nutran del trasvase. "Decidirá el mercado".
El Círculo de Empresarios, que agrupa a profesionales de reconocido prestigio y cuya junta directiva incluye a directivos de empresas como Repsol, Banco Santander Central Hispano, Aceralia, Endesa o Aguas de Barcelonza, entre otras, ha presentado un estudio sobre el proyecto de trasvase que pone en duda su oportunidad porque "elaborar un plan hidrológico sin siquiera haber estimado el precio del agua nos parece que no contribuye a alimentar la confianza en la rentabilidad social de algunas inversiones en infraestructuras".
Los empresarios que hoy se reúnen en Valencia piden su cuota de participación en las adjudicaciones de obras financiadas con dinero público. Tanto los contratistas como los constructores han reiterado sus disposición a participar.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de noviembre de 2002