La Delegación de Gobierno tendrá que admitir a trámite la solicitud de permiso y residencia de un inmigrante que le fue rechazada porque cuando presentó su solicitud por el cauce general no se había agotado el cupo del contingente. La decisión del Gobierno se amparó en un acuerdo del Consejo de Ministros de 21 de diciembre de 2001 por la que ninguna solicitud podía admitirse si no se había agotado el cupo del contingente. Ahora, el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de Valencia considera que la decisión es nula porque el acuerdo de los ministros contraviene, entre otras cosas, el principio de jerarquía normativa. Es decir, según el magistrado, la ley 4/2000, su modificación 8/2000 y el Reglamento de Ejecución 864 de 2001 establecen los requisitos para las diferentes vías de acceso al permiso de trabajo y residencia, pero ninguno es excluyente.
La decisión de la Delegación, siguiendo el acuerdo del Consejo de Ministros, equivale a que si el contigente es de 1.000 personas y sólo se han admitido 980, no se puede presentar solicitud por otra vía aunque haya sin contestar decenas de solicitudes correspondientes al contingente, lo que limita derechos constitucionales y rompe con el principio de jerarquía normativa ya que las leyes orgánicas no lo establecen así. La sentencia no es firme.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 23 de noviembre de 2002