La nueva decisión de Bruselas en su batalla por terminar con los paraísos fiscales como el de Gibraltar llega en un momento delicado de las relaciones hispano-británicas debido al naufragio del Prestige. El ministerio español de Asuntos Exteriores pidió inmediatas explicaciones al Reino Unido por la ausencia de controles de los barcos que hacen escala en el puerto de Gibraltar (el Prestige había repostado allí en junio pasado y se dirigía a La Roca en su último viaje) y la comisaria europea de Transportes y Energía, Loyola de Palacio, llegó a relacionar el incidente con la evasión de impuestos.
El Reino Unido respondió negando que el destino del Prestige fuera Gibraltar, criticó las declaraciones de De Palacio y alegó no disponer de barcos (finalmente ha enviado dos) tras las primeras llamadas de auxilio para combatir la marea negra.
Para la Comisión Europea, Gibraltar es evidentemente un punto conflictivo. No sólo considera que su régimen fiscal contraviene las normas del mercado comunitario, sino que ha denunciado ante el Tribunal Europeo de Justicia su lasitud a la hora de aplicar la normativa. En enero pasado, y tras las advertencias de rigor, el Ejecutivo comunitario presentó su denuncia contra Gibraltar por no haber aplicado 14 directivas, la mayoría relativas al medio ambiente.
Lo que irrita a las autoridades españolas es que Gibraltar sea la gasolinera del Estrecho gracias a ventajosos tipos impositivos sobre los carburantes. Las empresas del Campo de Gibraltar calculan que El Peñón surte 3,5 millones de toneladas de crudo al año, informa Santiago Fuertes. El cercano puerto de Algeciras apenas llega a la mitad. La española Cepsa vende Gibraltar cerca de dos millones de toneladas al año.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 25 de noviembre de 2002