Después de 11 años de instrucción, los próximos días 16 y 17 de enero se celebrará en la Audiencia Provincial de Vitoria la vista oral del caso ERNE, una presunta estafa a decenas de inversores alaveses que confiaron sus ahorros a esa gestoría de inversiones que prometía una remuneración muy superior a la del mercado. La investigación judicial ha sufrido en estos años un rosario de incidencias, dilaciones y cambios de juez instructor hasta llegar a la sala del juicio. Algunos de los afectados han muerto durante el tiempo transcurrido y dos tomos del sumario se perdieron en 2001. La fiscalía ha pedido el archivo de las actuaciones contra los imputados. J. López de Landache y J. R. Sáenz de Maturana, al entender que no hay engaño ni apropiación indebida.
El sumario agrupa una veintena de querellas por un presunto delito de estafa que podría alcanzas los 200 millones de pesetas, aunque su cuantía sólo se conocerá a lo largo de la vista, cuando los inversores expliquen el dinero que perdieron efectivamente.
En el auto en el que se fija para el 16 de enero el inicio de la vista oral, el juez estima las pruebas propuestas por las partes. En el banquillo se sentarán los dos socios de la gestoría ERNE, que a su vez lo eran de la empresa River Joyeros y de Vigama S.A. ERNE prometía a sus clientes mejor rentabilidad que en cajas y bancos, hasta que el negocio fracasó y los ahorradores perdieron su dinero.
La primera denuncia fue presentada en 1992 y desde esa fecha han ido apareciendo nuevos demandantes. Los dos imputados tienen parte de sus bienes embargados. Los anteriores autos a la fijación del juicio acordaron el embargo o el depósito de una fianza equivalente a un total de 85 millones de pesetas. El juez explicó en otro auto, dictado el 14 de noviembre de 2001, que ya había embargado bienes por 54 millones de pesetas a J. R. Sáenz de Maturana y decretó el embargo de otros 31 millones a J. J. López de Landache.
El negocio de ERNE, Gestora de Inversión y Servicios S.A., funcionó a pleno rendimiento durante la década de los 80, pero a principios de los 90 se hundió. Según consta en el sumario, Landache reconoció en conversaciones privadas con algunos de los ahorradores, que le habían confiado sumas de hasta 25 millones de pesetas, que todo el problema se derivaba de "una desafortunada inversión inmobiliaria" en las Canarias.
Presumiblemente se refería a la compra que Vigama S. A., empresa creada, entre otros, por Maturana y Landache, hizo en Las Palmas de Gran Canaria, en 1986, con el objetivo de edificar un inmueble y que en 1991 todavía no tenía ni un ladrillo puesto.El precio de compra de esa parcela ascendió a 450 millones de pesetas, cuando los vendedores, un matrimonio canario, la había adquirido 21 meses antes por 124,4 millones. En menos de dos años lograron unas plusvalías de 325,6 millones de pesetas.
A pesar de que la quiebra de ERNE dejó sin su dinero a muchos ahorradores, la Fiscalía no aprecia que se trate de una estafa, al no haber indicios de engaño, y tampoco ve el delito de apropiación indebida, al estimar que no se ha acreditado que los imputados distrajeran para sí las cantidades que les confiaron.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 25 de noviembre de 2002