El PP se quedó ayer solo en el Congreso, ya que no contó ni siquiera con los votos de sus socios de Coalición Canaria, en el rechazo a la toma en consideración de una proposición de ley socialista en la que se pedía el reconocimiento del derecho al bilingüismo para los sordos. Esto es, que su lenguaje de signos sea reconocido como idioma natural de estas personas, y por tanto tengan derecho a utilizarlo ante cualquier instancia. El Estado tendría así la obligación de disponer intérpretes para cualquier actividad a la que tengan acceso los sordos: escuela, universidad, trabajo o litigios con las instituciones públicas.
Durante la defensa de la iniciativa, la socialista Consuelo Rumí comentó que esta normativa afectaría al más de medio millón de sordos que hay en España, la mitad de los cuales utiliza este lenguaje. Sólo el 1% de ellos accede a la Universidad y el 80% son analfabetos funcionales. Pero el PP rechazó la iniciativa porque considera que ésta no es la manera adecuada para garantizar la eliminación de las barreras de comunicación que sufren estos discapacitados. Una amplia representación del colectivo de sordos, que seguían el debate desde la tribuna, protestó por la negativa del partido del Gobierno.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 27 de noviembre de 2002