Antidisturbios de la Guardia Civil desalojaron ayer por la noche a la treintena de agricultores encerrados en la subdelegación del Gobierno en Lleida. El encierro, que se inició el miércoles, tenía como objetivo protestar contra las reclamaciones que Hacienda hace a los payeses por las cantidades cobradas por la expropiación de sus fincas para la construcción del AVE. Ahora, seis años después de cobrar las expropiaciones, Hacienda les reclama una media de 90.000 euros en impuestos e intereses de demora. Los agricultores dicen que la Administración les aseguró que este dinero estaba exento de tributos.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 29 de noviembre de 2002