El Gobierno turco levantó ayer el estado de excepción en las dos provincias del sureste, después de 15 años de estricto control sobre la mayoría kurda. El nuevo Gobierno turco pretende potenciar el respeto a los derechos humanos en el país.
Turquía implantó el estado de emergencia en las provincias de Sirnak y Diyarbakir (sureste del país) en 1987, tres años después de que el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) iniciara una violenta campaña por la independencia. Desde entonces, las autoridades han tenido poderes especiales para detener sospechosos en la región.
Según las organizaciones de derechos humanos, la situación ha provocado graves abusos por parte de la policía. El conflicto con el separatismo kurdo ha provocado 30.000 muertos y millones de desplazados en Turquía.
"Comienza una nueva época para la región", declaró ayer el ministro del Interior turco, Abdulkadir Asku. La medida es una declaración de intenciones por parte del nuevo Gobierno turco, en contraposición al anterior. El Partido de la Justicia y el Desarrollo ha anunciado una nueva política de "tolerancia cero" con la tortura en el país, y se ha comprometido a potenciar el respeto a los derechos humanos, con vistas a mejorar su imagen ante la Unión Europea.
Un informe del Consejo de Europa de julio de este año resaltaba que Diyarbakir, capital de la región kurda, estaba muy por detrás del resto del país en materia de derechos humanos. Los detenidos no tenían acceso a representación legal y la tortura se seguía practicando. Unas 1.000 personas celebraban ayer la nueva situación en el centro de la ciudad. La lucha kurda bajó en intensidad tras la detención, en 1999, del líder del PKK Abdulá Ocalan, quien ordenó a los rebeldes centrarse en la lucha política.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 1 de diciembre de 2002