El Sindicat de Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià (STE-PV) exigió ayer la "derogación inmediata" de la nueva ley de Formación Profesional, al considerar que ésta supone la "privatización del sistema y la reducción de puestos de trabajo en centros públicos", según aseguraró en un comunicado.
El sindicato indica que con la nueva ley "las acreditaciones de las diferentes cualificaciones profesionales podrán ser expedidas con efectos académicos por empresas o sindicatos, además de las administraciones educativas, sin ningún control externo".
La normativa promueve "la segregación de la FP inicial y reglada del sistema educativo público para integrarse en un gran negocio para las empresas y entidades subvencionadas con fondos públicos". Como consecuencia de esto, afirma el STE-PV, "los centros públicos de FP tendrán que competir con otras entidades en lo que hace referencia al alumnado, que podrá formarse en empresas de forma gratuita gracias a los fondos públicos, dinero de todos que también llegará a los centros privados" . De paso, añade, "la labor de los profesores quedará deteriorada con la incorporación de profesionales de la empresa y funcionarios de otros ámbitos" y habrá menos trabajo para los funcionarios docentes.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 2 de diciembre de 2002