Los ocho jueces que forman el tribunal especial de Naciones Unidas para Sierra Leona tomaron ayer posesión de sus cargos. Su misión será juzgar las atrocidades cometidas durante los 10 años de una guerra civil impulsada por el contrabando de diamantes. Acabada la guerra en 2001, costó la vida a más de 50.000 personas, el desplazamiento de la mitad de la población y la amputación de las manos a otras 5.000.
No se trata de un tribunal penal internacional como los de la antigua Yugoslavia y Ruanda, pero es un paso más en la persecución internacional de los crímenes contra la humanidad y del genocidio. Camboya y la República Democrática de Congo podrían ser los siguientes. El tribunal sierraleonés fue creado en enero; ahora, con el nombramiento de los ocho jueces -de Reino Unido, Canadá, Austria, Nigeria, Gambia, Camerún y dos de Sierra Leona-, entra en funcionamiento: los procesos comenzarán en los primeros meses de 2003. Los comandantes de la guerrilla del Frente Revolucionario Unido y su antiguo líder, Foday Sankoh, que se encuentra en prisión, serán juzgados.
La ONU se enfrenta a un dilema: justicia para los asesinados y amputados, o estabilidad política. Un eventual juicio a la plana mayor de la guerrilla podría desestabilizar la frágil paz que vive el país.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 3 de diciembre de 2002