El Gobierno andaluz "será el primero" en garantizar los derechos de la Iglesia católica en Cajasur, pero no respaldará "los abusos de poder" que concede la ley Financiera aprobada por el Ejecutivo central al presidente de esa entidad, el sacerdote Miguel Castillejo, "para que pueda mantener sus privilegios personales y los de sus amigos canónigos". Con esta contundencia se expresó ayer el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, minutos después de que el Consejo de Administración de la caja acordara modificar sus estatutos.
Chaves calificó de "bastante clarificadora" la carta remitida por el obispo de Córdoba, Francisco Javier Martínez, a los representantes de la Iglesia para que no apoyaran la modificación estatutaria y aseguró que la ley Financiera no persigue "garantizar los derechos de la Iglesia católica, que nadie ha puesto en entredicho", sino dar "una patente de corso" al cura Castillejo.
En opinión del presidente de la Junta, que no descartó nuevas medidas jurídicas del Gobierno andaluz sobre Cajasur, Castillejo "está siendo ya un lastre para la estabilidad y futuro" de la entidad financiera.
Chaves se lamentó de que "hubiera sido bueno una defensa de la autonomía" por parte de "todos" los medios de comunicación andaluces, ante la decisión del Gobierno central de retirar una competencia a una comunidad autónoma.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de diciembre de 2002