La presidente del PP, Teófila Martínez, eludió ayer responder a la desobediencia del presidente de Cajasur, Miguel Castillejo, a las directrices del Obispado. Martínez, muy locuaz hasta ayer en la defensa del sacedote, pareció delegar en Antonio Sanz, secretario general del PP, quien afirmó ayer en Córdoba que, si el Consejo de Administración de Cajasur hubiese seguido las indicaciones del obispo de Córdoba, Javier Martínez, y hubiese postergado la aprobación de la propuesta de los nuevos estatutos, "la caja ya no sería de los cordobeses, sino del PSOE". Sanz justificó la premura del acuerdo del consejo diciendo que "Cajasur debía salvarse del asalto al poder de los socialistas", y anunció que su partido presentará un recurso contra el decreto que aprobó ayer el Parlamento andaluz, destinado a regular la adscripción de Cajasur a la Ley Financiera.
El secretario general del PP aseguró que este decreto y las enmiendas del PSOE a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos "son ilegales e inconstitucionales" y que "rayan en la prevaricación"; advirtió de que pedirán a la Mesa del Parlamento que no admita las enmiendas a trámite. Sanz descartó que la Diputación cordobesa tuviese derecho a considerarse cofundadora de la caja; calificó de "seguro de vida para la autonomía de Cajasur" su adscripción a la Ley Financiera, y manifestó que el PP se propone presentar un proyecto de ley que permita aumentar el peso de los impositores hasta un 40% en los órganos de gobierno de las cajas andaluzas.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de diciembre de 2002