La titular del Juzgado número 25 de Barcelona, Elena Carasol, considera que el dueño de las academias de idiomas Brigthon, Alfredo Ibáñez (en prisión desde el lunes), abrió la matriculación para este curso "a sabiendas de que desde hace un año se hallaba en situación de quiebra". En el auto, la juez estima que el perjuicio sufrido por los casi 4.000 alumnos oscila entre uno y dos millones de euros.
Ibáñez, de 41 años, ingresó el lunes a la cárcel Modelo de Barcelona por orden de la juez. El auto cita entre los motivos de la decisión la "alarma social producida" y asegura que el dueño de las academias Brighton hizo "desaparecer de los locales sociales [de la empresa]" la totalidad de la documentación esencial para valorar "el perjuicio causado" y para perjudicar así "la identificación de los afectados".
En el texto, la juez hace constar que Ibáñez seguía admitiendo matrículas de nuevos alumnos después de haber preparado la demanda de quiebra y recuerda que el pasivo de la empresa a finales de octubre ascendía a 4,2 millones de euros.
Mientras tanto, la sección de crimen organizado de la policía (UDYCO) ha puesto dos números de teléfono a disposición de los estudiantes afectados por el cierre de las academias de idiomas Brighton para que denuncien el caso. Según informó la coordinadora de afectados a través de un comunicado, todos los interesados en emprender acciones judiciales en contra de Ibáñez pueden llamar a los números 932903377 y 932903378.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 4 de diciembre de 2002