El Banco de España insistió ayer en que la competencia para decidir sobre la legalidad de la póliza de 2,9 millones de euros que Cajasur ha suscrito a favor de su presidente, el sacerdote Miguel Castillejo, corresponde a la Junta de Andalucía y que la institución que dirige Jaime Caruana sólo habría intervenido en este caso si el seguro hubiese afectado a la "solvencia" de la caja. Pese a esta reiteración, el PP se apresuró a pregonar que el Banco de España había avalado la legalidad de la póliza en base a una respuesta parlamentaria de esta institución.
El Banco de España ha enviado al Congreso una respuesta a un diputado socialista que había preguntado sobre la póliza de Castillejo. La respuesta del Banco de España asegura que "el informe correspondiente a la última visita girada a la entidad en el año 2001 incluye, exclusivamente, una mención a la existencia de la citada póliza, no habiéndose realizado observaciones a la entidad sobre el particular solicitado". El PP y Cajasur interpretaron que el Banco de España avalaba así la legalidad de la póliza, pero fuentes de esta institución dijeron que esta declaración corresponde a la comunidad. La Junta ha declarado ilegal la póliza al entender que es una indemnización, prohibida por la Ley de Cajas autonómica.
* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de diciembre de 2002